BLOQUE 11. La Dictadura
Franquista (1939-1975)
APUNTES DEL BLOQUE
I.
Fundamentos
ideológicos y evolución política
II.
Evolución
económica: de la autarquía al desarrollismo
III.
Represión,
exilio y desarrollo de la oposición al régimen
IV.
Coyuntura
internacional y la política exterior
V.
Evolución
de la sociedad española y crisis final del régimen autoritario.
El franquismo fue el régimen instaurado por el
General Franco durante la Guerra Civil, consolidado institucionalmente en los
años posteriores. Estaría vigente hasta
1975 y en lo esencial fue una dictadura personal de carácter tradicionalista y represor, en la que todo el
poder se centraba en su persona. Con este panorama, la longevidad del régimen
se explica por el carácter pragmático del dictado y por su camaleónica
habilidad para adaptarse a la realidad política internacional, que sin duda le
favoreció por el contexto de la “Guerra Fría”. Mientras tanto, no evolucionó en
casi nada el ámbito político interno.
I. FUNDAMENTOS
IDEOLÓGICOS Y EVOLUCIÓN POLÍTICA
A
diferencia de otras dictaduras, el régimen franquista no se tomó muy en serio
la tarea de institucionalizarse y no tuvo nada parecido a una ley fundamental
hasta 30 años después de haber nacido. En los primeros años, Franco firmó una
serie de decretos que concentraron en su persona todos los resortes del poder: era jefe del estado, del gobierno, del
Movimiento (partido único) y del ejército.
Hasta
1946, y tras el Fuero del Trabajo (1938) aparecieron otras cuatro leyes
orgánicas:
A. Ley
Constitutiva de Cortes. Creaba una cámara elegida por las corporaciones y
el propio Franco, con carácter deliberativo pero para nada representativo y
fiel siempre a las instrucciones del dictador. El poder legislativo lo ejercía
Franco.
B. Fuero de los
Españoles. . Una curiosa declaración de derechos y deberes creada para maquillar
ante los vencedores de la II Guerra Mundial el autoritarismo del régimen.
C. Ley de
Referéndum nacional. En parecida
línea.
D. Ley de Sucesión
a la Jefatura del Estado. Definía al régimen como “reino” y autorizaba a
Franco a proponer a su propio sucesor.
La razón de esta débil institucionalización
radicaba en que el régimen se apoyaba, no en un partido, sino en una coalición
informal de partidos o “familias” con intereses distintos. Sobre ese conglomerado
Franco ejercía su autoridad y un cierto arbitraje, manteniéndose por encima y
equilibrando posturas. Esto se notó en la elección de ministros y altos cargos,
con alternancia entre las mencionadas familias, que eran las siguientes:
-
La
Falange. Muerto José Antonio y tras el decreto de Unificación, quedó muy diluida.
La pretensión falangista de un estado “corporativo” dio paso a un mero
sometimiento al Caudillo, lo que era imprescindible para ascender
políticamente. Casi sólo se utilizó como imagen pública del régimen, con su
parafernalia de uniformes, desfiles, símbolos etc., y tras la derrota de las
potencias del Eje perdió aún más su influencia.
-
El
ejército. Muchos militares de carrera que hicieron la guerra con Franco (Jordana,
Valera, Muñoz Grandes...) ocuparon
cargos de primer orden. Los más críticos e independientes fueron apartados.
Paulatinamente su número en el gobierno disminuyó aunque siempre ocuparon las
carteras de defensa. En todo caso nunca fueron un grupo de presión propiamente
dicho, y Franco se encargó de mantener siempre una subordinación a él.
-
Los
católicos. Muy influyentes ocuparon ministerios como el de educación, especialmente
a través del Opus Dei, que mantuvo su influencia incluso después del Concilio
Vaticano II, cuando hubo un leve distanciamiento de la Iglesia con el régimen.
-
Los
monárquicos. Heterogéneos y enfrentados entre sí. Los
partidarios de Juan de Borbón pronto fueron anulados tras dejar este entrever
su deseo democratizador. Los carlistas o tradicionalistas, que ayudaron
a Franco en la guerra (el requeté), si ocuparon algunas carteras y en el cuerpo
diplomático fueron importantes.
Entre el resto de la sociedad, el régimen
contó con amplio apoyo entre la oligarquía terrateniente y financiera (a la que
devolvió sus negocios), las clases media rurales del Norte y ambas Castillas y algunos grupos urbanos
beneficiados por las depuraciones masivas hechas entre el funcionariado. Casi
nulo era el apoyo entre el proletariado industrial y los jornaleros y amplias
clases urbanas, lo cual no significa oposición debido a la miseria generalizada
y el miedo a la delación y la represión.
Ideológicamente, el régimen se definía mediante
rasgos negativos: anticomunista, antimasónico, antiseparatista, y antiliberal.
Los principales fundamentos ideológicos fueron:
- El
autoritarismo. Franco era “caudillo de España por la gracia de
Dios”, lo que le confería la “autoridad” para “salvar” a España de las amenazas
de su tiempo (marxismo, liberalismo) y conducir la nación por la “gloriosa
senda del pasado”. El instrumento para esto, y para anular la disidencia
política, social y cultural era la represión: prohibió los partidos políticos,
los sindicatos y la difusión de ideas que no fueran las oficiales, difundidas
mediante una abundante propaganda. En su lugar estableció un partido y
sindicato únicos y controló férreamente los medios de comunicación. El control
ideológico de la juventud, de las mujeres y de los trabajadores se llevó a cabo
desde la Falange y a través de organizaciones como el Frente de Juventudes, la
Sección Femenina y la Organización Sindical corporativa (sindicato vertical).
La autoridad se fundamentó en dos instituciones tradicionales: el ejército y la
Iglesia.
- El
tradicionalismo. Arraigado en valores militares, que ponían a la
unidad de la Patria como valor sacrosanto e invocaban a figuras del “Imperio”
como los Reyes Católicos, Carlos V o los conquistadores. Se identificaron como
antiespañoles la democracia, el liberalismo y la autonomía de las regiones.
- El
nacional-catolicismo. Franco se erigió desde el primer momento en
defensor de la religión y moral católicas. Abolió el divorcio (incluso
volviendo a casar a los divorciados en la república) e hizo obligatorio el
matrimonio religioso. La Iglesia ejercía un control social a través de la
enseñanza y la censura y fijó unas directrices morales no tanto estrictas como
ridículas. Por su parte, el ejército gozó de amplias prerrogativas, incluida la
jurisdicción militar para cualquier tipo de delitos y aplicable a civiles.
- El centralismo. La economía,
la administración y todos los aspectos de gobierno fueron centralizados y
uniformizados, anulando todo tipo de leyes e instituciones autonómicas. Fue muy
intolerante con las diferencias, llegándose a prohibir las lenguas autonómicas.
En cuanto a las
formas externas, el lenguaje, la simbología y la parafernalia del régimen
procedían fundamentalmente de Falange, con algún elemento del tradicionalismo
carlista. Esto fue predominante en los primeros años, lo que hizo que se
asimilase a España con un estado fascista, sin que estrictamente lo
fuera, si bien se aproximaba y mantenía relaciones privilegiadas con potencias
que si lo eran.
La lejanía temporal con respecto a la
guerra civil, los nuevos aires de liberalización económica y los cambios
profundos registrados, pese al propio régimen, en la sociedad española,
acabaron imponiendo un nuevo cambio de la imagen del régimen franquista. Este
fue evidente cuando, en 1964 se celebraron los “veinticinco años de paz”, efeméride organizada por el aparato del
régimen en el que se presentaba a Franco como “caudillo de la paz”, más que como general vencedor. La filosofía
del desarrollo y del bienestar se convirtió en el eje central que pretendía
legitimar el franquismo, tanto dentro como fuera del país.
Del
feroz totalitarismo se pasó a un “pluralismo” formal dentro del régimen. El
estado nacional-sindicalista dio paso definitivamente a la “democracia orgánica”, basada en la participación de tres pilares
fundamentales: el sindicato, el municipio y la familia. Sin embargo, esa falsa
liberalización no permitía salirse de la estrecha línea marcada por el
Movimiento y nunca tuvo credibilidad. El control del sistema seguía siendo
total, y la represión seguía plenamente vigente: la ejecución del comunista
Grimau (1963); la irritación ante las críticas internacionales del llamado
Contubernio de Munich (1962); la dura represión de las huelgas de la minería
asturiana (1962-63) y la creación del Tribunal
de Orden Público (pura represión política) fueron prueba de ello.
Con
la llamada democracia orgánica, el régimen perseguía perpetuarse y así dio
comienzo un proceso de institucionalización que se consolidará en los años
sesenta mediante la creación de una legislación pseudo constitucional, la cual
no implicó nunca el abandono del carácter de dictadura personal que tenía el
franquismo. En esta línea, la Falange
fue definitivamente marginada, debido en buena medida al rechazo de ésta a la
instauración de la monarquía, si bien no era algo nuevo, al ser una fuerza
“molesta” para las otras familias establecidas en el poder. Los más
tradicionalistas, irán configurando el núcleo duro del régimen, llamado “el
búnker”, contrario cualquier tipo de apertura. La llegada de Carrero Blanco a la vicepresidencia en
sustitución del falangista Muñoz Grandes, supone el triunfo del sector
partidario de la vía tecnocrática y de la liberalización económica, así como de
la fuente de muchos de sus miembros: el Opus
Dei, cuya figura más destacada fue el ministro López Rodó. Durante este
tiempo, se estaba extendiendo la idea de un cierto desarrollo político aunque,
como éste nunca se produjo realmente, la tecnocracia, que indujo en el país
transformaciones económicas y sociales, acabó ocasionando un desajuste aún mayor
entre la estructura política del régimen
y la sociedad española. Esto provocaría la propia desintegración del
régimen a la muerte del dictador.
Las principales leyes que
dieron forma a este proceso fueron dos: la
Ley de Prensa (1966) Impulsada por Manuel Fraga, tecnócrata y
procedente de Falange, acababa con la censura previa pero mantenía el control
gubernamental de los medios de comunicación. Y la Ley orgánica del Estado (1967), que pretendía funcionar como
una pseudo constitución, ante los retos de la ilusoria pretensión de ingresar
en la CEE (Comunidad Económica Europea) y la modernización de la Iglesia
Católica realizada a través del Concilio
Vaticano II (que inició una cierta crítica al régimen por parte de ésta).
También consolidaba la desembocadura del
régimen en una monarquía del Movimiento Nacional, que sería la heredera del
franquismo en la figura del nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos de Borbón, el
cual fue escogido para dar continuidad al régimen, y pasando por encima del
padre de éste, Juan de Borbón, postergado por sus ideas democráticas.
II. EVOLUCIÓN ECONÓMICA: DE LA AUTARQUÍA AL DESARROLLISMO
En el balance de la
guerra civil, al controvertido número de víctimas mortales, exiliados y
represaliados por el nuevo régimen, hay
que sumar un desastroso balance económico, debido tanto a lo directamente
destruido en el conflicto, como lo dejado de producir por la economía. La guerra significó la vuelta a
una economía predominantemente agraria, tras la destrucción del tejido
industrial. Muchas ciudades del país, sobre todo en el norte, estaban
arrasadas; se calcula que unas 250.000 viviendas habían sido destruidas. Lo
mismo ocurría con buena parte de la red de comunicaciones terrestres y con el
parque automovilístico y ferroviario. Al enorme endeudamiento causado por la
guerra (unos 300.000 millones de pesetas), hay que añadir la pérdida de la
reservas de oro del Banco de España, depositadas en Moscú a cuenta de la ayuda
militar que necesitó el gobierno de la República. La caída de la producción en
todos los sectores se prolongará hasta la década de 1950. La consecuencia fue
el hundimiento de la renta nacional y per cápita, y sobre todo el hambre
para la gran mayoría de los españoles.
II.1.
La política intervencionista. En 1939 la prioridad era la
reconstrucción de un país devastado demográfica y económicamente. Era urgente
iniciar la recuperación económica. El hambre generalizada, derivada del
hundimiento de la producción agraria, obligaba al racionamiento y contradecía la
consigna oficial de “Por la Patria, el pan y la justicia”, una de las
preferidas por los jerarcas franquistas. Para afrontar la situación, las
autoridades optaron por un modelo de autarquía económica y de intervención
del Estado, acorde con los planteamientos del fascismo italiano, tan
admirados por los dirigentes falangistas, según los cuales un país no podía
gozar de independencia política si no era económicamente autónomo, casi
autosuficiente.
Una cascada de decretos implantó un sistema
reglamentista que impedía la actuación de los agentes económicos. Se
fijaron precios, se obligó a pedir licencia para cualquier inversión
industrial, se reconvirtieron las fábricas para producir bienes de primera
necesidad, se canalizó a través del Estado cualquier permiso de importación o
exportación, y se obligó a entregar al Servicio Nacional del Trigo todo excedente de cosecha. Una Ley de
Protección de la Industria Nacional, seguida de la creación, en 1941, del Instituto
Nacional de Industria (INI), privilegió a sectores relacionados con las
prioridades de régimen, en concreto los sectores energéticos (carbón),
siderurgia, armamento, construcción naval y química pesada. La falta de
objetivos económicos claros se unió a la aniquilación del tejido productivo, la
lentitud de la burocracia ministerial, el peso de la deuda de la guerra, una
política financiera sin claridad y una ruralización (o vuelta a las
actividades rurales) de la actividad económica que mantuvo hundido el mercado
interior. En 1940 el sector agrario volvía a superar el 50% de la renta
nacional, lo que suponía una clara regresión económica. El estallido de la
Segunda Guerra Mundial y el alineamiento de España con las potencias del Eje
dificultó aún más la situación, al recortarse los créditos y vincularse el
escaso comercio exterior a sus aliados en la guerra.
Las consecuencias fueran nefastas. Los
índices de producción de mantuvieron por debajo de los de antes de la guerra
civil, situación especialmente dramática en el caso del trigo, afectado tanto por
la malas cosechas de aquellos años como por el escaso interés de los
agricultores en la producción, ante los bajos precios fijados por el Gobierno.
El hambre y el racionamiento se prolongaron durante toda la década,
marcando la vida de los españoles y arrastrando a la miseria absoluta a amplios
sectores de la población. Los índices de producción industrial permanecieron
igualmente hundidos, como la renta nacional y la renta per cápita. Todos
estos indicadores se mantuvieron hasta la década de 1950 por debajo de los de
1935, y eso que en este último año ya se había notado el efecto de la crisis de
1929.
En medio de un país hambriento y
desesperado surgió todo un entramado de intereses y de enriquecimientos
fáciles. Se generalizó el mercado negro de casi todos los artículos de
consumo, empezando por los alimentos, que esquivaban los bajos precios y
sorteaban el racionamiento al que estaban sometidas todas las familias. En 1943
hasta un 30% de la cosecha iba a parar al mercado negro. Los traficantes conseguían
acumular beneficios gigantescos, y los tímidos intentos gubernamentales de
castigar sus prácticas chocaban con las poderosas influencias que quienes
practicaban el contrabando y el “estraperlo” tenían en las altas esferas de la
Falange, de la Administración o del Ejército. El manejo de divisas, las licencias
de importación, exportación, construcciones, la fabricación en régimen de
ciertos productos y los suministros al Estado, estaban rodeadas de corruptelas,
amiguismos y sobornos, así como por el establecimiento de relaciones de
clientela. El resultado fue la proliferación de nuevos ricos entre
personajes cercanos al poder, adictos al régimen o pertenecientes a las
familias influyentes; todos ellos integraban un grupo social que, además,
raramente canalizaba sus beneficios hacia inversiones productivas. El país
entero se acostumbró a convivir con las recomendaciones, los certificados de
buena conducta, la vigilancia policial y la imposibilidad de emprender un
negocio digno si no se contaba con respaldos o con medios suficientes para
abrirse camino en el complejo entramado de influencias del régimen.
II.2.
Los primeros reajustes. A
la altura de 1950 el fracaso de la política autárquica era ya claro incluso
para los propios dirigentes del franquismo que defendían el modelo.
Independientemente de las dificultades externas, el mantenimiento de bajas
cifras de producción, el nulo crecimiento económico y la falta de alimentos,
habían impedido acabar con el hambre y las cartillas de racionamiento.
El
giro en la política económica se inicia con el cambio de Gobierno en 1951,
inspirado ya directamente por el principal consejero del Caudillo, el almirante
Luis Carrero Blanco. En 1952, cuando ya habían comenzado a llegar las ayudas
norteamericanas, se decretó una liberalización parcial de precios, comercio
y circulación de mercancías, coincidente con una buena cosecha, lo que a su
vez permitió terminar con el racionamiento. Se inicia entonces un
periodo expansivo en la producción, que durante toda la década de los cincuenta
mantuvo cifras de crecimiento cercanas al 6% anual, algo impensable sólo unos
años atrás. En 1954 se superan las cifras de renta por habitante de 1935, y el
sector industrial comenzó a crecer, al tiempo que disminuía proporcionalmente
el peso del sector agrario en la renta nacional.
Desde
1952 comienzan a llegar las ayudas estadounidenses. Sumaron unos 1200
millones de dólares, una cifra muy pequeña si la comparamos con las del Plan
Marshall (de la que España fue excluida
por no democratizar el régimen) para otros países europeos, pero que para el
bajísimo nivel de la economía española,
prácticamente descapitalizada, significaba una aportación decisiva. Las ayudas
norteamericanas permitieron aumentar las importaciones de bienes de equipo,
sobre todo maquinaria, imprescindibles para el desarrollo industrial. La
entrada en funcionamiento de las centrales eléctricas construidas por el INI en
la década anterior ayudó a terminar con el racionamiento energético.
Sin
embargo, desde 1954 la prosperidad aparente comenzó a torcerse. Los déficits
presupuestarios y de la balanza comercial (las ayudas permitían importar
bienes de equipo, pero las exportaciones eran mucho menores, y consistían en
productos agrícolas y materias primas) se unieron a una fuerte inflación
que impedía acelerar el crecimiento económico. De hecho, a partir de 1955, se
reprodujeron la huelga y protestas.
II.3.
El desarrollismo: crecimiento económico y transformaciones sociales.
Hacia 1957, el Estado español estaba al borde de la bancarrota, las reservas de divisas estaban agotadas y había una inflación galopante. Los ideales económicos de Falange (autoabastecimiento), el control de cambios y del régimen de comercio, la reglamentación de precios y salarios, los controles gubernativos a las empresas, la sindicación vertical... asfixiaban la economía. El Gobierno de “tecnócratas” (economistas, administrativistas) constituido por Franco en 1957 se propone llevar a cabo una profunda liberalización de la economía española y una mayor integración en la economía internacional. Estos trascendentales cambios en el ámbito económico se llevaron a cabo manteniendo inalterable el sistema político de la dictadura.
Para cumplir el objetivo
de la liberalización económica, se necesitaba pasar antes por un Plan de
Estabilización, que se pondría en marcha en julio de 1959. En realidad este
Plan no era otra cosa que un programa de austeridad que afectó de manera
negativa a las clases populares: se recortó el gasto público, se restringió el
crédito, se congelaron los salarios y se devaluó la peseta. Asimismo, se ponía fin a muchos controles
comerciales e industriales internos y se favorecían las inversiones extranjeras.
También se abordó una tímida reforma fiscal y se aplicaron medidas de
persecución del fraude, lo que aumentó los ingresos ordinarios del Estado. Para suavizar los efectos negativos de la
política estabilizadora, EE. UU., el Fondo Monetario Internacional y la banca
privada concedieron a España importantes créditos.
Los
principales factores del crecimiento económico fueron:
-La planificación
indicativa. Aunque se contó con la ayuda de expertos internacionales, el cerebro de los
planes fue el catedrático Laureano
López Rodó, quien en 1962 estaba ya al frente de la Comisaría del Plan
de Desarrollo. Entre
1962 y 1975, tres Planes de Desarrollo, de duración cuatrienal, señalan
el camino que España sigue para abandonar el subdesarrollo y meterse en el club
de los diez países más industrializados del mundo. Los Planes de Desarrollo
señalaban las direcciones de inversión preferentes y estimulaban la iniciativa privada con
ventajas fiscales y crediticias y preveían la creación de Polos de
desarrollo en siete ciudades: Burgos, Huelva, Vigo, La Coruña,
Valladolid. Zaragoza y Sevilla.
-Las inversiones
extranjeras. Más
importante que la ayuda económica procedente de Estados Unidos en la década de
los 50 fueron las inversiones de capital
extranjero (USA. Suiza, Alemania, Francia, Gran Bretaña) en la década
siguiente. En líneas generales la
inversión se dirigió hacia la industria química, el comercio y la alimentación,
así como hacia el sector del automóvil y los electrodomésticos. Lo que atrajo al
capital europeo fue la existencia en España de una mano de obra barata y
disciplinada y de un mercado interno en expansión. Sin la inversión extrajera
la industrialización española hubiera sido inconcebible, ya que supuso en torno
al 20% de la inversión industrial y
aportó tecnologías modernas.
-Los beneficios del
turismo. En los años
sesenta el turismo se convirtió en la primera industria nacional. Factor fundamental en su desarrollo no sólo
fue la alta calidad del patrimonio artístico o natural de España, sino el nivel
de los precios. El crecimiento del
número de turistas fue espectacular (7 millones en 1961, 24 millones en 1970).
El papel del turismo resultaba fundamental para la balanza de pagos española
porque permitía equilibrar la balanza comercial y financiar las importaciones
de material de equipo, petróleo, etc. El turismo transformó los hábitos
culturales y las formas de vida de los españoles que, de esta manera, tomaban
contacto con el mundo exterior. Lo más negativo radicó en la estacionalidad de
la demanda y en la destrucción de muchos paisajes naturales del Mediterráneo
por un aumento incontrolado de la edificación.
-Las remesas de los
emigrantes. Entre 1960 y 1970 casi dos millones de
españoles emigraron al extranjero. En líneas generales, procedían de las
regiones menos desarrolladas del país y se instalaron en los países más
desarrollados de Europa, como Alemania, Francia o Suiza. Las remesas de los
emigrantes supusieron para el país unos ingresos dobles que los que
proporcionaba la exportación de cítricos. Además, la emigración mejoró la
formación profesional y, de manera indirecta, provocó un aumento de salarios en
el medio rural, donde por primera vez la mano de obra era insuficiente. Pero
además de los efectos económicos hay que tener presente también el severo
trauma personal que hubieron de sufrir los afectados.
El
primer aspecto en el que se apreció la modernización de la sociedad española
fue en la demografía. El crecimiento
vegetativo fue muy fuerte, pasando de 30 a 33 millones entre 1960-70. La mortalidad se había reducido en los años
cincuenta. La disminución de la
natalidad (del 21 al 18 %o) tuvo lugar
en la etapa final de franquismo (matrimonios tardíos y restricción control de natalidad).
El envejecimiento de la población es un fenómeno característico de nuestros
días.
Las
migraciones internas produjeron una redistribución general de la población
española. El gran fenómeno migratorio consistió en el traslado de millones de
campesinos hacia los núcleos urbanos, en los que había mayores posibilidades de
trabajo y que, además, ofrecían posibilidades para llevar una vida diferente,
más libre y con opciones de promoción personal.
En consecuencia, la población española se hizo cada vez más urbana: en el
periodo comprendido entre 1960 y 1970 la población rural pasó del 42 al 25 %.
La población se concentró en las regiones de la periferia de la Península,
mientras que el centro sufrió un fuerte despoblamiento. A comienzos del siglo XX el peso demográfico
del centro era muy superior al de la periferia, pero en el año 1970 esta
situación ya había cambiado de manera radical, arrojando unos porcentajes del
44 % de la población en el centro y el 56 % en la periferia, particularmente en
las zonas costeras; la única ciudad del centro que creció de manera
espectacular fue Madrid. Así, al lado de la España del desarrollo, hacinada en
los suburbios de las zonas industriales, empezó a aparecer otra España
desertizada en el interior.
La población activa creció
del 34 al 38 % y, además, se incorporó a ella la mano de obra femenina, aunque
todavía en proporción inferior a la del resto de Europa. Por sectores, el
primario aún tenía un peso considerable (22 %) pero el sector servicios ocupaba
ya a un 40 % de la población y el secundario al 38 %. El desarrollo económico
hizo emerger nuevas clases medias, formadas por oficinistas, técnicos, obreros
especializados, vendedores, etc. Estas nuevas clases medias urbanas fueron las
principales beneficiarias del desarrollo económico y del aumento del consumo,
convirtiéndose la posesión de electrodomésticos, televisor y automóvil en los
signos distintivos del grupo. Por otro lado, el desarrollo hizo desaparecer el
peso específico del mundo agrario y aumentó el papel del proletariado
industrial que, de manera creciente, mediante la protesta social y sindical,
estaba en condiciones de reclamar una redistribución más equilibrada de la
renta y el acceso a los servicios públicos gratuitos (estado del bienestar), al
consumo o a la vivienda. Con todo y con eso la distribución de la renta siguió
siendo muy desigual: alrededor del 1% de la población poseía el 22 % de la
riqueza nacional, mientras que otro 52 % tenía el 21 %. No cabe duda que fue la
oligarquía financiera e industrial quien más benefició, contando para ello con
el apoyo decidido del Estado mediante exenciones fiscales o formas
privilegiadas de financiación.
En
resumen, el desarrollo económico de la última etapa del franquismo fue un
fenómeno general y todos los grupos sociales se beneficiaron de él, pero
importantes áreas geográficas de Castilla la Vieja y la Nueva, Galicia,
Andalucía o Aragón quedaron al margen.
III. REPRESIÓN, EXILIO Y
DESARROLLO DE LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN
El
carácter de la represión política fue sistemático. Se llevó a cabo a través de
la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo y la Ley de
Responsabilidades Políticas, que eran interpretadas por tribunales militares
sumarísimos y sin garantías judiciales para los encausados. En la posguerra
afectó a un número muy elevado de personas: hubo unas 30.000 ejecuciones, si
bien esta cifra podría ser bastante mayor. Otros muchos pasaron años esperando
la ejecución sin que se produjera. Los presos políticos eran 270.000 en 1939 y
124.000 en 1940, descendiendo posteriormente. Las condiciones en los campos de
concentración franquistas eran pésimas, con miles de muertes por enfermedad.
Casi todos los funcionarios republicanos y de izquierdas perdieron su trabajo,
y la depuración fue especialmente grave en la enseñanza, incluida la universitaria. Propiedades de los vencidos
fueron decomisadas y los medios de expresión cerrados o controlados (censura).
El estado de guerra no fue abolido hasta 1948. El régimen disponía de una
policía política infiltrada en las organizaciones clandestinas y en la vida cotidiana
de las personas que perseguía cualquier disidencia e imponía la política del
miedo.
Pero
la resistencia a la dictadura fue decidida en el plano militar incluso acabada
la guerra, si bien con medios muy limitados. Es el maquis. Ya antes de
la derrota, existieron guerrilleros antifranquistas en su zona; después, miles de ellos,
especialmente del PCE, pasaron a Francia y lucharon decisivamente contra la
invasión nazi en aquel país, mientras que atacaban al estado franquista dentro
de España, refugiándose en las zonas montañosas. Especialmente cuando se liberó
Francia, se extendió la esperanza de que los aliados considerasen a Franco un
enemigo más e intensificaron sus acciones pretendiendo mantener la atención
internacional. De hecho, se llegó a producir un amago de “invasión” de España
con la entrada de varios miles de guerrilleros comunistas por el Valle de Arán
(Lérida), que fueron derrotados. Tras esto, sobrevivieron hasta mediados de los
años 50, tras una implacable y durísima represión, y cuando Franco tenía ya el
reconocimiento internacional por el apoyo de EEUU.
La
otra cara de la tragedia de la guerra y la victoria franquista fue el exilio.
Unos 500.000 españoles huyeron, principalmente por la frontera francesa, en los
últimos meses de la guerra. Huían de la represión, que suponía la cárcel o la
muerte. Una vez en Francia, malvivieron en muy malas condiciones en campamentos
improvisados en las playas del sur. Pasados unos meses, muchos fueron volviendo
poco a poco y otros se unieron a la resistencia o el ejército francés cuando
empezó la guerra europea. Otros acabaron en Méjico, donde se les acogió
calurosamente e incluso allí se constituyó el Gobierno Republicano en el
exilio. Entre los exiliados estaban el 90% de la intelectualidad española, incluido
los escritores de la generación de 27, artistas, los mejores científicos, etc.,
dejando un panorama desolador en un país que quedaba merced de la mediocridad
intelectual y el fanatismo medieval religioso y nacionalista.
La desaparición del
“maquis” o guerrilla antifranquista característica de los años cuarenta y
primeros cincuenta, y el reconocimiento internacional del régimen llevaron a la
oposición a uno de sus momentos más complicados. La debilidad de la oposición
republicana hará al PCE el principal partido en la clandestinidad. Dejando
atrás la lucha armada, el PCE comenzó a hacer hincapié en el objetivo de una
reconciliación nacional y en la creación de un frente antifranquista. Además
pretendía derribar a la dictadura con el
instrumento de una huelga general de carácter político.
En 1961 nace la Unión de Fuerzas Democráticas, que
agrupaba a varios partidos de izquierda y sindicatos. Al año siguiente se
promovió la reunión de un centenar de representantes de la oposición, excepto
los comunistas, tanto del interior como del exterior del país, y todos ellos
europeístas, con el fin de elaborar una declaración a favor de la democracia en
España. Aunque la respuesta del régimen ante lo que la prensa del régimen llamó
“el contubernio de Múnich” fue muy
dura, lo cierto es que este momento marca el comienzo de la superación de la
guerra civil y, por fin de una cooperación de las distintas fuerzas de la
oposición.
Tras
la reunión de Múnich, el régimen aumentó la represión, con numerosas
detenciones y hasta ejecuciones (Grimau), aunque en vano porque los frentes de
oposición se multiplicaban en una sociedad que maduraba. Cuatro son los más
destacados:
- Protesta estudiantil. A mediados de los
sesenta aumenta el sentimiento de crítica en la universidad española, en la que
se involucran tanto los estudiantes, que protagonizan huelgas y
manifestaciones, como algunos destacados profesores (Tierno Galván, Aranguren,
García Calvo), que son apartados de sus cátedras.
- El mundo laboral. La conflictividad y
movilización política aumentarán entre las clases trabajadoras, en parte debido
a la flexibilización de la legislación y también por la estrategia que los
sindicatos prohibidos adoptaron de infiltrarse en el sindicalismo oficial
(sindicalismo vertical, parodia de sindicatos) para actuar “desde dentro”.
Destacará el enorme crecimiento del
nuevo sindicato clandestino Comisiones Obreras (CC.OO.)
- La actitud de la Iglesia Católica.
Aunque el verdadero giro se produce con el Concilio Vaticano II, se observará una
creciente crítica de algunos sectores de la Iglesia hacia el régimen, que
además empezarán a mostrar sensibilidad social y democrática. Incluso algunos
sectores derivarán hacia posturas de izquierda o nacionalistas.
- El resurgir del nacionalismo. En el
País Vasco, una escisión del PNV forma, en 1959, Euzkadi Ta Askatasuna (ETA),
que se definirá como movimiento revolucionario de liberación nacional, y en
1964 asume la vía de “guerra revolucionaria”. Su primera acción será el
asesinato del jefe de la policía política de San Sebastián, lo que trajo
consigo que el régimen restableciese el decreto de “represión sobre el
bandidaje y el terrorismo”, que pasaba a la jurisdicción militar los delitos
políticos. El resultado fue el recrecimiento de la oposición ante las nuevas
medidas represivas del gobierno. En 1970, nueve penas de muerte dictadas por un
tribunal militar en Burgos, tuvieron que conmutarse por cadena perpetua debido
a la presión internacional.
Entre 1970 y 1975, año de
la muerte de Franco, el declive del régimen coincide con el momento máximo de
la actividad opositora y el clamor
popular en pro del cambio. Por un lado, el desarrollo económico y social del
país alcanza cotas importantes. Como consecuencia, se intensifica la demanda
del cambio político y el reconocimiento de libertades, lo cual será visible,
entre líneas, pero con claridad, en la prensa, la universidad, el cine, los
sectores profesionales, intelectuales… Además, la conflictividad laboral, en
demandas tanto laborales como políticas, alcanza cotas antes no vistas,
multiplicándose el número de huelgas y actos. También en el mundo estudiantil.
Destaca el congreso que el
hasta entonces débil PSOE celebra en Suresnes (Francia) en 1974. De ahí surgirá
su nuevo líder Felipe González, con importante papel en la posterior
transición. También asistiremos al crecimiento de la ultraizquierda, con grupos
marxistas-leninistas y su manifestación terrorista que, como el FRAP y el
GRAPO, contribuyeron a la desestabilización.
IV. COYUNTURA INTERNACIONAL Y POLÍTICA EXTERIOR
Cuando
se inicia la guerra mundial España se declara neutral, aunque sus simpatías
estaban claramente con el Eje, sus antiguos aliados (Alemania e Italia). Las
grandes victorias alemanas levantaron entusiasmos y alimentaron la creencia en
el triunfo final. El falangista Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores,
impuso una política de acercamiento, debido a las apetencias imperialistas
españolas, a costa de Francia, en el Norte de África. Pero la resistencia
británica en la 2ª mitad de 1940 hizo que Franco no llegara a decidirse,
exigiendo a Hitler grandes contrapartidas económicas y territoriales a cambio
de la entrada en la guerra, lo que no convenció a éste por el escaso valor que
atribuía a la contribución española (Conferencia de Hendaya). Con todo, la
simpatía hacia Alemania se manifestó con el envío de la División Azul (18.000
falangistas) a “luchar contra el comunismo” en Rusia, y con el apoyo
estratégico y en materias primas.
Pero
a partir de 1942, con el cambio de signo de la guerra, la actitud de Franco fue
virando hacia la neutralidad, ordenando la vuelta de la División Azul y
rompiendo relaciones con Japón (1945), en un intento de no sufrir represalias
por los casi seguros vencedores aliados.
Concluida
la guerra, los aliados coincidieron en señalar que no había sitio en la
comunidad internacional para un gobierno fascista que había a poyado a las
potencias del Eje. El aislamiento internacional comenzó en 1946, cuando Francia
cierra sus fronteras y se exige a España cambios políticos sustanciales, en el
sentido de avanzar hacia una democracia, lo que incluía la retirada de Franco.
Las recién constituidas Naciones Unidas consideraron a España una amenaza para
la paz mundial y la expulsaron de todos los organismos internacionales, al
tiempo que se cerraban las embajadas en Madrid, salvo las de Suiza, Vaticano y
Portugal.
A
partir de 1947, el panorama internacional comenzó a despejarse. El cambio es
propiciado por la “Guerra Fría” y la política de bloques que enfrenta a EE.UU.
(capitalismo) con la U.R.S.S. (comunismo), agravada, en 1950, con la Guerra de
Corea. La posición geoestratégica de la Península y Canarias, y el
anticomunismo activo de Franco, propiciaron el apoyo de EE.UU.: en 1953 se
firman unos acuerdos bilaterales por los que, sin pertenecer a la OTAN, se
establecían en España bases militares estadounidenses a cambio de ciertas
ayudas económicas y reconocimiento internacional. España cedía soberanía y
ligaba su seguridad a la norteamericana, pues llegó a haber armamento nuclear
en esas bases. En 1953 se firma un Concordato con el Vaticano y, de la mano de
EEUU, la España de Franco es admitida en la ONU en 1955, y posteriormente en
otras instituciones internacionales.
Pese a la alianza con EEUU las limitaciones del régimen marcaron
siempre una destacada pobreza en sus relaciones internacionales, dado el
rechazo que la represión y la ausencia de libertades ocasionaban hacia España.
Por esta razón, se limitaron prácticamente al entorno de EEUU, mundo árabe y,
formalmente, América Latina. La dirigió desde 1957 el ministro Castiella, y
tuvo como principales ejes los siguientes:
- Gibraltar. En 1957, se llevó la
cuestión a la ONU. Tras diversas resoluciones, la Asamblea General resolvió a
favor de España y dictaminó la descolonización. Pero la negativa de Reino Unido
y la resistencia de los propios gibraltareños, frenaron las negociaciones. Como
reacción, el gobierno español cerró la frontera en 1968, eliminando así toda
posibilidad de solución.
- Negociaciones con la CEE. España
solicitó en 1962 un tratado de asociación con la CEE, iniciándose dos años
después las conversaciones. Fracasaron, pues el carácter dictatorial del
franquismo la hacía incompatible con los principios democráticos que inspiraron
la fundación del mercado Común Europeo. En 1970, sin embargo, se consiguió un
acuerdo comercial preferencial.
- La descolonización fue llevada a cabo
inadecuadamente y a destiempo con respecto a la de otros países. La de
Marruecos (1956) había dejado bajo soberanía española el territorio sureño de
Ifni, lo que provocó incidentes bélicos con Marruecos en 1957-58, para cederse
finalmente en 1969. En 1968 acabó también el proceso descolonizador de Guinea,
que se pasó a llamar Guinea Ecuatorial y acabó siendo una dictadura en manos
del demente Macías. El territorio de Sahara permaneció en manos españolas hasta
1975, fecha en que fue entregada a Marruecos y Mauritania tras el episodio de
la “Marcha Verde”, traicionado las promesas de descolonización hechas al Frente
Polisario y dando origen a la penosa situación que padece actualmente el pueblo
saharaui.
V. EVOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA Y CRISIS FINAL DEL RÉGIMEN.
El 20 de diciembre de 1973,
ETA asesinó en un atentado al jefe del gobierno Luis Carrero Blanco, la
pieza clave que debía garantizar la continuidad del régimen. Franco nombró como
sucesor a Carlos Arias Navarro, hasta entonces ministro de
Gobernación. En su discurso programático
ante las Cortes, el nuevo presidente anunció, entre otras medidas, la creación
de un estatuto de asociaciones políticas, en lo que parecía un intento de
iniciar una tímida apertura a partir del propio sistema (‘espíritu del 12 de
febrero’), pero la oposición en el interior del régimen seguía siendo muy
fuerte y pronto se dio marcha atrás. Por otra parte la salud de Franco se
deterioraba a pasos agigantados y era ya evidente su incapacidad para tomar
decisiones: en verano de 1974, Franco fue hospitalizado y tuvo que ceder
interinamente el poder al príncipe Juan Carlos. Por ello, la oposición, a pesar
de las prohibiciones y de la represión, intensificó, diversificó y coordinó sus
acciones y reivindicaciones, exigiendo la amnistía, la legalización de todos
los partidos y sindicatos, la convocatoria de elecciones libres y el
reconocimiento de las libertades y derechos democráticos de los ciudadanos y
también de la personalidad política de los diferentes pueblos del Estado. Con
la finalidad de aunar esfuerzos para acelerar la caída de la dictadura se
constituyeron organismos unitarios: en 1974 se formó la Junta Democrática,
aglutinada en torno al PCE, y en 1975 se creó la Plataforma de
Convergencia Democrática, constituida alrededor del PSOE. En Cataluña
la oposición se había articulado bajo el lema «Libertad, Amnistía y Estatuto de
Autonomía» en el marco unitario de la Asamblea de Cataluña.
Por otro lado, los efectos
de la crisis económica y de la inflación desatada a consecuencia de la subida
de los precios del petróleo (1973) se empezaron a manifestar en toda su
crudeza; la crisis política impediría durante años que los gobiernos de la
nación adoptaran medidas para atajar sus efectos. Como es lógico, la crisis
generaba malestar social y conflictividad laboral, exigiendo subidas salariales
que compensaran la pérdida del poder adquisitivo. Mientras, en el escenario
internacional, entraron en crisis otros regímenes dictatoriales con los que el
franquismo tenía puntos de coincidencia: Grecia y Portugal (“Revolución de los claveles”).
En
este estado de cosas, tras una larga y penosa agonía, moría el general Franco
en la madrugada del 20 de noviembre de 1975.
El día 22, de acuerdo con las previsiones sucesorias del General Franco, Juan Carlos I era
proclamado rey de España. Con ello se
iniciaba una nueva etapa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario