BLOQUE 6

Caricatura de los carlistas en la revista satírica "La Flaca"

BLOQUE 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)

PRESENTACION BLOQUE 6 
actualizado 9/01/2019 

 
EESTÁNDARES DEL BLOQUE 6

ACTUALIZADO 2/02/2021


VIDEOS DE MEMORIA DE ESPAÑA CORRESPONDIENTES AL BLOQUE 
"Por la senda liberal"
"Viva España con honra" 
"El regreso de los Borbones" (la parte que alude al Sexenio Democrático)

APUNTES DEL BLOQUE

I.                    EL REINADO DE ISABEL II

I. 1. Las regencias, el liberalismo y la I Guerra Carlista.

I. 2. La Década Moderada.

I. 3. El Bienio Progresista.

II. 4.La Unión Liberal y la crisis

II.            EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)

II.1. La Revolución de 1868.

II.2. La Constitución de 1869.

II.3. El reinado de Amadeo de Saboya.

II.4. La Primera República.

I.             EL REINADO DE ISABEL II

I.1.  Las regencias: liberalismo y guerra carlista

Tras años sin descendencia masculina, aparecía en el horizonte el problema a la sucesión de Fernando VII. Se barajaron  dos posibilidades en la sucesión: su hermano don Carlos, portavoz y dirigente del sector reaccionario (más absolutista que el propio Fernando); o un sucesor directo, que apareciese a última hora, fruto de un nuevo matrimonio.

 En 1829, el rey se casó con su prima María Cristina, de los Borbones de Nápoles. A partir de aquí los acontecimientos se precipitaron. En abril de 1830 el rey mandó publicar la Pragmática Sanción decretada por Carlos IV en 1789 y que no había visto la luz hasta el momento.  Esta ley evitaba cualquier posibilidad de que don Carlos llegara a ser rey, pues anulaba a la Ley Sálica, y por lo tanto permitía que las mujeres pudiesen volver a reinar. Como no se tardó en anunciar que la nueva reina estaba embarazada, fuese cual fuese el sexo del nacido, éste reinaría. Este hecho  tenía un carácter eminentemente político, y en esos momentos, después de los incidentes con los ultrarrealistas, y con el partido carlista ya constituido, el enfrentamiento estaba servido. Carlos María Isidro, Don Carlos, significaba otra opción política: la cuestión dinástica estuvo, por tanto, estrechamente vinculada con la cuestión política.

En 1.832, con el rey ya enfermo, los sectores más reaccionarios hicieron que el rey derogase la Pragmática Sanción. Pero la reina se hizo cargo del gobierno, contando con el reformista Cea Bermúdez.  Se sustituyó a los principales mandos políticos y militares carlistas, se dictó una amplia amnistía, y se privó a los Voluntarios Realistas de obtener fondos mediante impuestos. Tras ello el rey declaró públicamente que el decreto por el que había declarado sin valor la Pragmática Sanción era nulo.  Esta declaración fue la que hizo posible el reinado de Isabel II.

Liberalismo. Este bando fue llamado isabelino (por la princesa Isabel) o cristino (por la Regente).  Coincidieron en él los sectores moderados y reformistas del absolutismo próximo a Fernando VII, encabezados por  Cea Bermúdez; el liberalismo español, tanto moderados, como progresistas (muchos de sus miembros recién retornados del exilio), vieron en el apoyo a la regente la única posibilidad de transformar el país.  A su vez, los sectores próximos a Isabel pero no liberales, necesitaron abrirse a éstos para defenderse frente al carlismo, iniciándose así una transición pactada hacia el estado liberal.

Sus apoyos sociales incluían a los altos mando del ejército, altos cargos de la Administración y a las altas jerarquías de la Iglesia, conscientes de los cambios eran inevitables.  Además, el apoyo fue casi total en las ciudades, por parte de la burguesía de negocios (comerciantes, industriales, financieros), de las  “profesiones liberales”: (intelectuales, profesores, abogados, médicos…) y de los aún escasos obreros industriales. En la zona rural del campesinado, básicamente jornaleros sin tierras, del Sur peninsular,  esperanzado de que liberalismo sería equivalente a una forma de acceder a la propiedad de la tierra. Predominó en el centro, sur, levante y en general zonas urbanas o más modernizadas económicamente.

Carlismo. Se fundó sobre la base de los primeros grupos de “Realistas Puros”, también llamados ultra absolutistas. En general encarnan las posturas más conservadoras y defensoras del Antiguo Régimen: absolutismo político, sociedad estamental, ultracatolicismo y defensa de los privilegios de la Iglesia. El componente religioso es muy importante aunque la mayoría de la jerarquía eclesiástica, (y el propio Vaticano), apoyó a la regente. La aparición del anticlericalismo en el bando liberal contribuyó a dar a la guerra civil un marcado tono religioso.

Socialmente, estaba encabezado por parte de la nobleza y por miembros ultra conservadores de la administración y del Ejército.  A ellos se unieron la mayor parte del bajo clero, especialmente el regular, que veía en Don Carlos una garantía para evitar la pérdida de la influencia de la Iglesia; la mayoría del campesinado, reacio a cualquier reforma del sistema fiscal y a la abolición de los señoríos, pues pensaban que les perjudicaría. También algunos sectores del artesanado, temerosos de que la libertad de industria y de comercio hundiera sus talleres frente a la gran industria.

Las regiones controladas por los sublevados fueron en su mayoría regiones forales, con instituciones y privilegios propios, si bien al principio el foralismo no desempeñó un papel decisivo. Eran el País Vasco, Navarra, la comarca del Maestrazgo (entre Teruel y Castellón) y norte de Cataluña.  Menos intensidad tuvo en otras  áreas rurales de la mitad norte peninsular.

La  guerra carlista no terminó hasta 1.839 con el “Convenio de Vergara” firmado por el Gnal. Espartero y el general carlista Maroto. Si los carlistas reconocían a Isabel II como reina, los liberales reconocían los fueros vasco-navarros y la oficialidad del ejército carlista.

Mientras se desarrollaba la guerra civil, la cual fue una de las razones que más dificultó la modernización del país. La minoría de edad de Isabel II transcurría estos años bajo dos regencias, dada su minoría de edad:  

La regencia de María Cristina. (1.833-40). Estará dominada por la inestabilidad política y los vaivenes constitucionales. Cea Bermúdez había sido sustituido en el gobierno por Martínez de la Rosa que es el promotor del proyecto del ‘Estatuto Real’.

 El Estatuto Real (1834) era una carta otorgada que reflejó el programa moderado.  En él, la soberanía recaía en dos instituciones históricas (el Rey y las Cortes). Estas últimas eran dos cámaras distintas- la Cámara de Próceres (limitado a la aristocracia, el alto clero, propietarios e intelectuales, nombrados todos por el Rey) y la Cámara de Procuradores, elegida por un sufragio censitario muy restringido (apenas 16.000 votantes en todo el estado).  El Rey gozaba de iniciativa legal, lo que contribuía a congelar la actividad de las Cortes.

Destaca especialmente la desamortización de los bienes eclesiásticos iniciada por el ministro Mendizábal, que suponía la desaparición de numerosas órdenes religiosas y la nacionalización y venta de sus bienes; lo que, inevitablemente, se tradujo en el enfrentamiento con la Iglesia.

Los movimientos revolucionarios del verano de 1835 (formación de Juntas locales y provinciales) obligaron a la regente a recurrir a los liberales radicales.  Como la Regente volviera a inclinarse al poco tiempo hacia los moderados, en agosto de 1837 estalla otro pronunciamiento, esta vez llevado a cabo por los sargentos de la guarnición de La Granja, que obliga a nombrar a los progresistas  Mendizábal y Calatrava. Tras un breve periodo de vigencia de la Constitución del 12 se aprueba la Constitución de 1837. Esta recogía el principio de soberanía nacional y los derechos individuales, y dejaba a las Cortes la elaboración de las leyes; se reconocía al rey el ‘veto absoluto’ y la disolución de las Cortes, que eran bicamerales. Uno de los elementos progresistas derivados de la Constitución fue la  Ley de Ayuntamientos que,  frente a los moderados que defendían la designación regia de los alcaldes, reconocía la libre elección por los vecinos.

En 1840, con un gobierno moderado, una nueva Ley de Ayuntamientos que volvía a los ayuntamientos no democráticos, provocó que los progresistas suscitaran un movimiento insurreccional que obligó a la regente a recurrir al general Baldomero Espartero.  La suspensión de dicha Ley y la decisión de disolver las Cortes provocaron la renuncia de María Cristina a la regencia.

La regencia de Espartero. (1.840-43).   Espartero era un general de gran prestigio en el que muchos confiaban. Sin embargo, su regencia fue muy inestable, debido a la escisión del progresismo, la continuidad de la desamortización y el retraimiento de los moderados que trataron, en todo momento, de derribar al regente mediante el clásico sistema del pronunciamiento. Después del fracaso de 1.841 -con el pronunciamiento de O'Donnell-, la revuelta de Barcelona, en 1.842, condujo a la ruptura definitiva: el bombardeo de la ciudad y la consiguiente represión acrecentaron la impopularidad del regente. Una amplia coalición en la que se integraban también muchos liberales progresistas apoyó el pronunciamiento del general Narváez, que se convertirá en la clave política en el periodo siguiente.

I.2.  La Década Moderada (1843-54)

Isabel II fue proclamada mayor de edad con sólo trece años. A partir de ese momento los moderados van a monopolizar el poder y tratarán de consolidar el régimen liberal bajo el signo del centralismo político-administrativo.  La Constitución de 1845 tradujo, a la práctica, la concepción doctrinal del liberalismo moderado, según la cual, la Corona y las Cortes son conjuntamente depositarias de la soberanía nacional, compartiendo, asimismo, el poder legislativo.  En efecto, se otorgan a la Corona más prerrogativas de las que se le atribuían en el texto constitucional anterior, como el nombramiento de los ministros, la disolución de las Cortes, la sanción de las leyes y la designación de los miembros del Senado.  Sin embargo, los diputados siguen siendo elegidos mediante sufragio censitario, aunque muy restringido, pues tan sólo tenían derecho a voto los grandes propietarios. Además, esta constitución es muy restrictiva con las libertades individuales y suprime el jurado.

Realizaciones importantes y duraderas fueron: La Ley de Organización de los Ayuntamientos, de 1.845, que reservaba a la Corona la designación de los alcaldes de las capitales de provincia y cabezas de partido con población de más de dos mil habitantes.  La reforma del sistema tributario, de Alejandro Mon, que implantó un sistema de impuestos más uniforme mediante la supresión de las particularidades regionales.  Esta reforma se completó con la creación definitiva del Banco de España. La elaboración del Código Penal de 1848. En lo que se refiere al orden público, los moderados disolvieron a las Milicias Nacionales, organizaciones armadas de voluntarios civiles, y crearon el primer cuerpo profesional de policía: la Guardia Civil., encargada de velar por la seguridad, y especialmente por la propiedad, en las zonas rurales. 

En 1851 se firmó un Concordato con la Santa Sede, que resolvía el pleito de la desamortización.  La Iglesia reconocía la validez de los títulos de los nuevos propietarios, pero recuperaba los bienes no vendidos y obtuvo el compromiso del Estado de sufragar al mantenimiento del culto y del clero. Asimismo, la religión católica era declarada la única oficial y se reconocían a la Iglesia diversas prerrogativas en materia de enseñanza.

Por estos años se constituirá el Partido Demócrata, a la izquierda del progresista, que se caracterizará por pedir sufragio universal, reducción de las atribuciones políticas de la corona y eliminación de los impopulares impuestos de consumos y el sistema de quintas.

I.3.  El Bienio Progresista (1854-56).

La crisis de los moderados estuvo motivada por sus divisiones internas la tendencia de sus gobiernos hacia posiciones ultraconservadoras y al aumento del malestar político ante las continuas denuncias de corrupción, arbitrariedades y escándalos financieros. Así las cosas, el general Leopoldo O'Donnell lideró un pronunciamiento militar contra el gobierno -la «Vicalvarada»- en junio de 1.854.  Su politización, a través de un manifiesto redactado por Cánovas del Castillo, determinó la movilización de los progresistas, que incitaron la insurrección popular.

Cuando los progresistas asumieron el poder modificaron la Constitución (restablecimiento provisional de la de 1837 y elaborando una nueva constitución de carácter progresista, que no llegaría a ser promulgada y que por eso se conoce como la Constitución ‘non nata’ de 1.856) El gobierno progresista, de nuevo presidido por Espartero, duró tan sólo dos años.  Durante este tiempo se emprendieron algunas reformas económicas decisivas: se decretó la desamortización de los bienes comunales, o municipales (Madoz, 1855), que venía a completar la desamortización de los bienes eclesiásticos dictada por Mendizábal, y se aprobaron diversas leyes de carácter financiero e inversionista (como la Ley General de Ferrocarriles de 1855.

El gobierno progresista también se caracterizó por una ampliación de las libertades.  En algunas ciudades la clase obrera pudo organizarse legalmente en asociaciones de defensa de sus derechos, es decir, sindicatos.  Pero la inestabilidad social atemorizó a una burguesía cada vez más conservadora, que exigía orden y que veía en los progresistas una actitud demasiado tolerante.  Como resultado de ello, O'Donnell se hizo con el poder en 1856.

I.4. La Unión Liberal y la crisis

Durante los últimos años del reinado de Isabel II (1.856-68) se alternaron en el poder los unionistas (liderados por O'Donnell) y los moderados (dirigidos por Narváez).  El carácter conservador del período tuvo su principal exponente en la restauración de la Constitución de 1845.  Estos años se caracterizaron por la represión de los movimientos populares, por una política internacional intervencionista y por una larga serie de pronunciamientos progresistas.

A lo largo de los años de gobierno unionista (especialmente en el período 1858-1863) se llevaron a cabo diversas empresas militares en el exterior de resultados por lo general dudosos.  Se enviaron tropas españolas a México (Gnal. Prim), a la Cochinchina (actual Vietnam) a Marruecos (Prim, 1859-1860), la estrambótica “Guerra del Pacífico” contra Perú y Chile  y la efímera anexión de Santo Domingo.  Pese a que en conjunto estas campañas fueron de carácter aislado y a que apenas tuvieron las consecuencias que se pretendían, estos conflictos internacionales dieron gran prestigio al general Juan Prim, que pronto se puso al frente de los progresistas.

El régimen liberal se había consolidado como un sistema plegado a los intereses de la burguesía, aliada con la vieja aristocracia, y que excluía a la gran mayoría de la población. No en vano, el sufragio era censitario (había que demostrar el pago de una renta para votar) y sólo variaba en que los progresistas lo ampliaban y los moderados lo reducían. La corrupción, manipulación electoral y abusos en el poder eran frecuentes, y en ellos caían todos los partidos, pues apenas se separaba los intereses privados de las responsabilidades de los cargos públicos. Por su parte la Corona contribuyó al enquistamiento y debilidad del sistema, favoreciendo continuamente a los moderados frente a los progresistas, los cuales optaban repetidamente por la vía del pronunciamiento, sobre todo a partir de 1864. Si uno de estos triunfaba, la Corona accedía a reformas progresistas, pero paulatinamente derivaba hacia el moderantismo abusando de su prerrogativa de nombrar primer ministro y contando con un generalizado sistema de fraude electoral.

Ya en 1866 se habían producido sublevaciones, como la del general Prim y la de los sargentos del cuartel de San Gil. Poco después, O’Donnell abandonó el gobierno y emigró, con lo que también los Unionistas se alejaban de la monarquía. Entre 1866 y 1868 se produjo en España una crisis económica que, por primera vez tenía una doble naturaleza: por un lado, era la típica crisis de subsistencias provocada por las malas cosechas cuyo resultado fue un brusco incremento de la mortalidad.  Pero también, y como se daba en las economías más modernas,  fue de carácter financiero, lo que llevó a la quiebra a la mitad de los bancos, a cierres de empresas, paro… 

II. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)

El sexenio revolucionario o democrático es el período comprendido entre el destronamiento de Isabel II, en 1868, y la Restauración de la monarquía borbónica, en 1 874.  Constituye el periodo de la historia de España más avanzado políticamente de todo el siglo XIX, incluyendo la experiencia de la Primera República. Fue de corta duración debido a la acumulación de problemas y a la profunda desunión registrada entre las fuerzas políticas del momento.

II.1.  La revolución de 1.868.

 Antecedentes. Ya en 1866 se habían producido sublevaciones, como la del general Prim y la de los sargentos del cuartel de San Gil. Poco después, O’Donnell abandonó el gobierno y emigró, con lo que también los Unionistas se alejaban de la monarquía.

Entre 1866 y 1868 se produjo en España una crisis económica que, por primera vez tenía una doble naturaleza: por un lado, era la típica crisis de subsistencias provocada por las malas cosechas cuyo resultado fue un brusco incremento de la mortalidad.  Pero también, y como se daba en las economías más modernas,  fue de carácter financiero, lo que llevó a la quiebra a la mitad de los bancos, a cierres de empresas, paro… 

Mientras todo esto sucedía la oposición  -Pacto de Ostende-  se ponía de acuerdo en un programa unitario basado en la reunión de una Asamblea Constituyente elegida por sufragio universal. Por otro lado, los incidentes de «La noche de San Daniel», protagonizados por los estudiantes, demostraron la difusión del ideario republicano y el carácter reaccionario  del gobierno.

 El pronunciamiento.  Se inició en Cádiz al mando de los generales Serrano, Dulce y Prim, y del almirante Topete. Pronto la sublevación se generalizó por Andalucía y las tropas gubernamentales fueron derrotadas en Puente de Alcolea (Córdoba).

 El gobierno provisional. Presidido por Serrano y dirigido por Prim, empezó a poner en marcha el programa revolucionario democrático (libertad de imprenta, descentralización, derecho de asociación, libertad de comercio e incluso reivindicaciones sociales, como la abolición del impuesto de consumos que sería sustituido por una contribución única, y la abolición de las quintas) y la convocatoria de Cortes Constituyentes.

Se introdujeron numerosas reformas en  materia económica, merced al ministro Figuerola: se creó la peseta como unidad monetaria y se dictó una nueva legislación minera que permitió la inversión de capital extranjero (en el fondo se trató de algo parecido a una desamortización, con previa nacionalización y posterior venta de las riquezas mineras españolas). Por último, se redactó un arancel que introducía el librecambismo en España, rebajando considerablemente la barrera comercial de la época anterior.

II.2.  La constitución de 1869

La Constitución de 1869 fue la más avanzada conocida hasta ese momento, y la primera constitución que puede llamarse democrática de nuestra historia. Sus características son:

1.-Proclamación de la soberanía nacional.

2.-La Monarquía como forma de Estado.  Al Rey no se le atribuyen poderes legislativos y ejerce el ejecutivo a través de sus ministros. El Rey tiene limitadas sus competencias, aunque conserve algunas funciones específicas.

3.-La división radical de poderes: el legislativo reside en las dos Cámaras, el ejecutivo corresponde a los ministros, que responden de su gestión ante las Cortes, y el judicial a un cuerpo de jueces independientes.  Se regula el acceso por oposición a la carrera judicial y se crea un Consejo de Estado para dirigir la Administración de Justicia.

4. -Una exhaustiva declaración de derechos, que las Cortes hicieron muy elaborada para evitar que hubiera que desarrollarla posteriormente.

 5.-El sufragio universal de los varones mayores de 25 años.  El Congreso se elegiría a razón de un diputado por cada 40.000 habitantes, y el Senado, elegido de forma indirecta, se renovaría cada tres años parcialmente y serían elegibles los mayores contribuyentes y las altas jerarquías de las instituciones, el Ejército y la Iglesia.  Se mantenía así el modelo conservador de Senado, con el fin de moderar las decisiones del Congreso.

6.-La regulación de Ayuntamientos y Diputaciones mediante la elección de los concejales por sufragio y la de alcaldes entre los concejales, la publicidad de sus deliberaciones y la votación pública de sus presupuestos.

7.-La «cuestión religiosa», que fue objeto de uno de los grandes debates.  Tras numerosos forcejeos se aprobó la libertad de cultos, a la que se oponían moderados y carlistas, pero también el compromiso del Estado de mantener el culto y clero católicos, contra la opinión de los republicanos.

II.3. El reinado de Amadeo I.

Aprobada la Constitución, la cuestión política más importante pasó a ser la de encontrar un nuevo rey.  Tenía que ser católico y liberal, lo que excluía a los carlistas, pero también a Don Alfonso, hijo de Isabel II, a quien Prim no estaba dispuesto a tolerar. Los candidatos fueron varios aunque finalmente se optó por Amadeo, hijo de Víctor Manuel II de Saboya, rey de Italia.

En las Cortes, sólo 191 de los 311 diputados votaron a Amadeo, mientras que el resto lo hicieron por la República o por otros candidatos.  La nueva dinastía se iniciaba con un apoyo político insuficiente, pero, además, el inmediato asesinato de Prim empeoró la situación al privar al rey del apoyo más firme. Entre los grupos contrarios al Rey estaban:

a).-La aristocracia y los terratenientes, que identificaban la monarquía de Amadeo con el sistema democrático que, según ellos, amenazaba el orden social y la propiedad. La nobleza madrileña hizo el vacío a Amadeo y le sometió a continuas humillaciones. 

b).-Los sectores industriales, convencidos de que la política librecambista iba a acabar con el sector, aún débil.

c).-El clero no podía tolerar a la Casa de Saboya en el trono español (Víctor Manuel II tenía al Papa prácticamente sitiado en e Vaticano, tras anexionarse sus Estados en 1870). El bajo clero apoyaba, ahora más que nunca, al carlismo.

d).-Los carlistas, que habían ido sumando adeptos tras la caída de Isabel II.

Así las cosas, los dos años del reinado fueron de permanente inestabilidad.  En ese período se sucedieron nada menos que seis gobiernos y hubo tres elecciones generales, con cada vez mayor abstención.  Tras la muerte de Prim, el partido progresista se dividió entre los constitucionales de Sagasta, partidarios de reconducir la monarquía democrática en sentido conservador, y los radicales, de Ruiz Zorrilla, que querían llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias.  A los cambios de gobierno se unieron las mociones de censura y la manipulación electoral.

Al agravamiento de la guerra de Cuba vino a sumarse el estallido de una nueva insurrección carlista en el País Vasco y un nuevo intento de estallido republicano en El Ferrol. Por otra parte estaba el auge del movimiento obrero y el crecimiento de la Internacional (AIT) en España. Por último, se produjo un agrio enfrentamiento en el Congreso sobre la abolición de la esclavitud, a la que se oponían los grupos conservadores.

Amadeo sólo esperaba el momento propicio para abdicar y éste se presentó cuando el Jefe del Gobierno, Ruiz Zorrilla, exigió al monarca la disolución del Cuerpo de Artillería.  El Rey rehusó y Ruiz Zorrilla presentó una moción de confianza en las Cortes: al ganarla, el Rey se vio obligado a firmar el decreto, pero acto seguido presentó su abdicación a los diputados, el 11 de febrero de 1873.

II.4. La primera república.  (febr. 1.873 - dic. 1.874).

         Fracasada la experiencia de una monarquía con una dinastía que no fuese la borbónica, se “forzó” la instauración de una forma de estado republicana para evitar en el futuro problemas como los habidos, además de garantizar la democracia en todos los estamentos del poder.

a).-La república unitaria (Febrero-Mayo). Figueras fue designado por la asamblea presidente de una república unitaria, pero inmediatamente chocó con los republicanos federales.  Su principal cometido era convocar unas Cortes Constituyentes para promulgar una nueva constitución. Los problemas más graves radicaban en la crisis de la Hacienda, la incipiente guerra carlista en el norte y el problema de Cuba. 

b).-La república federal (Mayo-Agosto). Pero la República unitaria carecía de apoyos sociales, de manera que el resultado de las primeras elecciones dio el triunfo a los republicanos federales. Las nuevas Cortes proclamaron la República Federal, y propusieron como presidente de Gobierno al catalán Pi y Margall.

Los republicanos federales se encontraban divididos en dos tendencias:  los transigentes, que consideraban primordial conseguir el orden social para después construir una república federal desde arriba, y los intransigentes, que querían comenzar por la construcción de la federación desde abajo, lograda la cual llegaría la paz social.

Estando en esas, una sublevación popular exigiendo el establecimiento de cantones libres (cada población se proclamaba cantón independiente del poder central) comenzó en Cartagena y luego se extendió por otras ciudades.  Las clases populares creían encontrar en el federalismo la panacea de sus males –tierras de labor, igualdad plena y un mayor reparto de la riqueza- y siguieron a los federales intransigentes.

Pi y Margall, al no poder alcanzar la aprobación del proyecto de constitución, dimitió, sucediéndole Salmerón.  Este, durante el escaso mes y medio de mandato, se limitó a restablecer militarmente el orden y a reprimir de modo especial los movimientos obreros internacionalistas, como sucedió en Alcoy.

c).-La república autoritaria (Agosto-Enero). Salmerón dimitió por problemas de conciencia (no quiso firmar unas penas de muerte) y fue elegido nuevo presidente Castelar.  Su programa se redujo, básicamente, a restablecer el orden interior, la guerra con los carlistas en el norte y la de Cuba.  Para dejar las manos libres al ejecutivo en la tarea de imponer el orden se suspendían, momentáneamente, las reuniones de las Cortes.

d).-La república presidencialista. El 2 de Enero de 1874 se reabrían las sesiones de las Cortes, donde la mayoría federal aprobó una moción de censura contra Castelar.  Eso suponía la dimisión del presidente y el retorno al poder de los federales. Ante esta eventualidad, al día siguiente, el general Pavía entró en el Congreso de los Diputados al frente de un contingente de la Guardia Civil y disolvió las Cortes.   

El poder pasó a manos del general Serrano, quien lo ejerció de forma presidencialista, es decir, prescindiendo de las Cortes y sin plantearse una convocatoria electoral.  Además, se ilegalizó tanto a los republicanos federales como a los sindicatos obreros y se desencadenó una amplia represión.  En el terreno militar, el gobierno derrotó a los sublevados del cantón de Cartagena y se concentraron esfuerzos en la lucha contra los carlistas y los independentistas cubanos.  Serrano se mantuvo en la presidencia hasta diciembre de 1874, cuando un nuevo pronunciamiento iniciado en Sagunto por el general Martínez Campos impuso definitivamente el retorno de Alfonso Xll.

Para hacer más fácil de ver la enorme conflictividad que se vivió durante el sexenio, y especialmente durante el periodo republicano, vamos a resumir los graves conflictos, algunos de ellos auténticas guerras, que se acumularon, al mismo tiempo en España:

-                  Tercera Guerra Carlista.

-                  Guerra de Cuba  (la “Guerra Larga”)

-                  Insurrección Cantonal

-                  Revoluciones obreras de carácter internacionalista.

 Es evidente que la acumulación de problemas y la división entre facciones políticas alcanzaba cotas hasta entonces nunca vistas. Fue la excusa perfecta para una nueva intervención del estamento militar en la esfero política española, esta vez para volver a un régimen contra el que ya anteriormente se había alzado: la monarquía borbónica.