BLOQUE 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975)
APUNTES DEL BLOQUE
I.
El
inmovilismo y la ruptura democrática.
II.
La reforma democrática.
III.
El sistema de partidos y las
elecciones de 1977.
IV.
La Constitución de 1978.
V.
Los gobiernos de la UCD
VI.
El estado de las autonomías
VII.
Los gobiernos del PSOE
VIII.
Los gobiernos del PP
I.
EL INMOVILISMO Y LA RUPTURA DEMOCRÁTICA
Desaparecido Franco, las alternativas que se
perfilaban eran:
a) El inmovilismo,
continuismo puro y duro,
alternativa defendida por los sectores de ultraderecha.
b) El reformismo era la alternativa de los
que, desde dentro del régimen, pretendían una evolución hacia la democracia a
partir de una transformación progresiva, ordenada y legal.
c) La ruptura, esto es, la creación de un
nuevo marco político y legal radicalmente nuevo, que era la alternativa que
planteaba la oposición.
La transición política: el gobierno de Arias
Navarro. El primer gobierno de la
monarquía siguió presidido por Carlos Arias Navarro, pero en él entraron
hombres que como Manuel Fraga, José María de Areilza o Antonio Garrigues,
partidarios de un cambio político moderado. El asturiano Torcuato Fernández
Miranda, que llegaría a ser un hombre clave en el proceso de transición,
era nombrado presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. En un momentáneo
segundo plano quedó Adolfo Suárez, nombrado ministro-secretario general
del Movimiento.
Los siete meses que duró este gobierno fueron un
período de gran tensión (sucesos de Montejurra, huelgas duramente reprimidas).
Al tiempo que la reforma política permanecía estancada se sucedían las
movilizaciones sociales promovidas por los partidos de la oposición que, si
bien continuaban siendo ilegales, ya no eran clandestinos. Además, los dos
organismos que aglutinaban a la oposición se habían unificado en una sola entidad,
coloquialmente denominada ‘Platajunta’.
Sin embargo, la oposición carecía de suficientes
apoyos para derribar al régimen, más resistente de lo que ellos habían
calculado, e imponer su programa de “ruptura”, por lo que fueron dando paso a
la aceptación de una transición pilotada por los sectores más aperturistas del
régimen. Se hacía evidente que los reformistas y la oposición se necesitaban
mutuamente para implantar la democracia... pero fue la conjunción de ambos.
II.
LA REFORMA DEMOCRÁTICA
Como Arias Navarro era esencialmente un inmovilista
no podía ser él quien hiciera las maniobras de pilotaje, así fue el rey tomó la
iniciativa con el nombramiento de Adolfo Suárez como nuevo Presidente de
Gobierno. Desde el primer momento Suárez manifestó una clara voluntad de
avanzar hacia un régimen de libertades y sus hechos no lo desmintieron: decretó
una amplia amnistía (30 de julio) y estableció contactos periódicos para
convencer e implicar a la oposición en su proyecto, estableciendo tres pilares intocables:
el rey, la unidad de España y el ejército; llegado el momento procedería a la
legalización del Partido Comunista, lo que levantó ampollas en amplios sectores
del viejo régimen y del ejército .
La Ley de Reforma Política, impulsada
por el gobierno, fue la clave de todo el proceso de la transición española
hacia la democracia. Se partía afirmando que “Los derechos fundamentales de la
persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado”, se
declaraba el objetivo de la convocatoria de elecciones y se pretendía
configurar un marco institucional que permitiera llevarlas a cabo con la
conformidad de todos. Se creaban dos cámaras, Congreso y Senado, elegidas por
sufragio universal excepto un corto número de senadores de nombramiento real; esas
cámaras estaban llamadas a la elaboración de una nueva Constitución. El rey
tenía la potestad de convocar un referéndum si lo consideraba necesario.
El problema es que esa ley tenía que ser aprobada
por las Cortes franquistas y que aprobar la ley supondría su disolución. La Ley
de Reforma salió adelante (18 de Noviembre de 1.976) merced a varios factores:
la tradicional docilidad de los procuradores del régimen, la habilidad de Fernández
Miranda al dirigir el debate, la presión ejercida desde el gobierno sobre
los procuradores y, en fin, el acuerdo al que se llegó con Alianza Popular,
grupo parlamentario en el que se integraban 200 procuradores de las viejas
Cortes.
De
acuerdo con el propio texto de la Ley de Reforma Política lo aprobado por las
Cortes debía, además, ser sometido a referéndum. Éste se llevó a cabo el 15 de
diciembre y ofreció como resultados una participación del 77 % y la aprobación
por abrumadora mayoría.
III. EL SISTEMA DE PARTIDOS Y LAS ELECCIONES DE 1977
Las elecciones a Cortes Constituyentes se llevaron a
cabo el 15 de junio de 1.977 con una
elevada participación electoral (78%).
Ningún grupo consiguió la mayoría absoluta. El partido más votado fue UCD, Unión de Centro Democrático con
165 escaños y el 34 % de los votos. En
segundo lugar, se situó el PSOE con
un total de 118 escaños y el 29% de los votos.
Muy lejos estaban el Partido Comunista con 20 escaños y Alianza Popular
con 16. El Partido Socialista Popular de Tierno Galván consiguió tan sólo 6
diputados y la Democracia Cristiana, excepto en Cataluña, sólo logró situar a
un reducido número de senadores. En
cambio, los partidos nacionalistas lograron una veintena de puestos en el
Congreso de los Diputados (13 los catalanes en dos coaliciones diferentes y 8
el Partido Nacionalista Vasco). La ultraderecha apenas si obtuvo el 2 % de los votos emitidos.
El pacto de la
transición. Así pues, quedaba claro que los electores se habían
inclinado definitivamente por el procedimiento reformista, a la vez que
expresaban su deseo de que se produjera una transformación profunda de la que
era expresión la magnitud lograda por el voto socialista. En definitiva, el
resultado de las elecciones imponía que hubiera un gobierno monocolor minoritario
y, por tanto, débil y obligado a intentar llegar a un consenso con otras
fuerzas políticas que resultaría muy positivo.
A partir de
este momento, tanto el gobierno como el Parlamento hubieron de hacer frente,
mientras se elaboraba el texto constitucional, a los graves problemas
planteados por la reivindicación autonómica, la conflictividad social y la
crisis económica. Los problemas de orden público, en particular los provocados
por el terrorismo de la ETA, fueron frecuentes y, a veces, dieron la sensación
de poder provocar una situación involucionista.
Precisamente, esto es lo que constituyó durante todos estos años el
principal peligro para la transición, ya que siempre se vivió bajo la amenaza
de un golpe de estado militar de los sectores ultraconservadores, muchos aún
veteranos de la guerra, pese a que en ningún momento se les iban a exigir
responsabilidades por los crímenes de la represión franquista. Especialmente
peligrosos eran los momentos de máxima actividad terrorista de ETA, y para
amortiguar este peligro Suárez contó con la figura del General Gutiérrez
Mellado, como Vicepresidente del Gobierno.
La tensión en
el plano social se neutralizó mediante los Pactos de la Moncloa,
que en el terreno socioeconómico eran un testimonio de consenso político. Con
estos acuerdos las fuerzas sociales de izquierda y los sindicatos se
comprometieron a aceptar cierta austeridad en los salarios a cambio de una
serie de contrapartidas que abarcaban desde el inicio de la reforma fiscal,
mediante el establecimiento de nuevos impuestos, hasta la creación de un
elevado número de puestos escolares y la extensión de las prestaciones de la
Seguridad Social. Mediante estos
acuerdos se lograron disminuir las tensiones políticas a la vez que se iniciaba
una profunda transformación de la sociedad española.
IV. LA CONSTITUCIÓN DE 1978
Por primera vez en la historia de España la
Constitución fue fruto del consenso, largo y laborioso, entre las diversas
fuerzas políticas. Tan sólo los sectores
de extrema derecha y de extrema izquierda se manifestaron su contra, pero como
Manuel Fraga y Santiago Carrillo habían votado favorablemente, quedaron social
y políticamente aislados.
Un
rasgo característico de la Constitución del 78 es la existencia de las llamadas
«leyes orgánicas» que exigen para
su aprobación un número de votos equivalente a la mayoría absoluta y no sólo la
mayoría relativa de la mitad más uno de los votos. Con ello se pretendía hacer perdurar en el
futuro el consenso constitucional en determinadas materias.
Durante el proceso de elaboración del texto hubo
fuertes discrepancias en relación con la abolición de la pena de muerte, que
acabó incluyéndose en el texto, y en relación con el aborto y con la libertad
de enseñanza (concesión de ayudas a los centros privados y participación de los
sectores implicados en la dirección de los centros educativos). En cambio, el
tema de la confesionalidad del Estado, que en anteriores ocasiones había sido
el caballo de batalla, en esta ocasión tuvo una práctica unanimidad, ya que consideraba
como situación óptima un Estado aconfesional en el que se reconociera la
realidad objetiva de la influencia de la Iglesia católica.
La
Constitución de 1978 consta de 11 títulos y 109 artículos a los que hay que
añadir las disposiciones adicionales, transitorias y derogatorias. La Constitución española fue aprobada en
referéndum el 6 de Diciembre de 1978.
Derechos
y deberes de los ciudadanos. La
Constitución del 78 asegura un amplio conjunto de derechos democráticos.
Partiendo del principio de que «la soberanía nacional reside en el pueblo
español, del que emanan los poderes del Estado», canaliza la participación de
los ciudadanos en la vida política a través de los partidos, que se configuran
como la expresión del pluralismo ideológico y los representantes de la voluntad
popular. La mayoría de edad y, con ello, el pleno ejercicio de los derechos, se
establece en los 18 años.
Los derechos reconocidos a los españoles se pueden
englobar en tres apartados:
a.
-Los derechos
individuales. Igualdad ante la ley, derecho a la vida y a la integridad física
y moral (se prohíbe la tortura y la pena de muerte), libertad de opinión, de
expresión...
b.
-Los derechos
cívico-políticos. Derecho de reunión, de manifestación, de asociación, de
sindicación, de huelga...
c.
-Derechos
sociales, que garantizan una calidad de vida aceptable: Derecho a la educación,
al trabajo, a la vivienda... También hace referencia a una serie de deberes
como la obligación de los ciudadanos de contribuir, de acuerdo con sus
recursos, al mantenimiento del gasto público mediante el pago de impuestos.
El sistema de libertades individuales y colectivas
queda protegido por tres instituciones: el Tribunal Constitucional, el Poder
Judicial y el Defensor del Pueblo, que son elegidas por una mayoría cualificada
del Parlamento.
Las Instituciones y los procesos políticos. El régimen político se define como una monarquía
parlamentaria. El rey, Jefe del Estado
según el testamento de Franco, continúa siéndolo y es quien lo representa. Desempeña un papel de árbitro y moderador
entre las instituciones, así como de carácter simbólico, pero no tiene unas
responsabilidades políticas concretas ni papel decisorio. En realidad, la Constitución española le
atribuye un papel inferior al que puedan tener los jefes de estado de otras
democracias europeas.
La división de poderes como garantía de la
democracia política.
El poder legislativo corresponde a las Cortes, que están formadas por dos cámaras elegidas
cada cuatro años por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, el
Congreso, mediante un sistema electoral proporcional y de listas cerradas; y el
Senado, mediante un sistema electoral mayoritario y con listas abiertas. En ambos casos, la provincia es la circunscripción
electoral. Cada provincia tiene
asignados cuatro senadores y un número variable de diputados en función de su
población.
En relación al poder legislativo, el sistema español
puede definirse como de bicameralismo atenuado, es decir, hay dos cámaras, pero
una de ellas, el Congreso de los Diputados, tiene mucha mayor relevancia que el
Senado. Este último queda como una
cámara de segunda lectura para los proyectos que han sido aprobados en el
Congreso y, además, tiene un cierto componente regional, ya que sus miembros
son elegidos por las circunscripciones provinciales y otros lo son en
representación de las Comunidades Autónomas.
El poder ejecutivo corresponde al gobierno, integrado por el presidente, los
vicepresidentes y los ministros. La Constitución
previene respecto a un exceso de parlamentarismo, quizás debido al recuerdo de
épocas pasadas, sobre todo de la Segunda República. De ahí que, para poder derribar un gobierno,
sea necesario presentar un voto de censura constructivo en el Congreso de los
Diputados, fórmula que procede del constitucionalismo alemán.
El poder judicial corresponde a los jueces y magistrados. El Tribunal Supremo
es el órgano jurisdiccional superior del Estado; el Tribunal
Constitucional, que asume el papel de intérprete último de la
Constitución en caso de conflicto y el Defensor del Pueblo, que
se encarga de velar por los derechos y libertades fundamentales de los
ciudadanos.
El Estado de las autonomías. La Constitución de 1978 articula territorialmente el
Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas y especifica que estas
entidades podrán gestionar sus intereses respectivos con autonomía. Lo
más novedoso de la Constitución del 78 es el tratamiento de las Comunidades
Autónomas, que supone una ruptura con la anterior organización centralista del
Estado en España. La constitución define
un modelo de Estado unitario que reconoce derecho a la autonomía de diferentes
nacionalidades y regiones y establece el principio de solidaridad entre todas
ellas.
Cada Comunidad dispone de un Estatuto o norma
fundamental que desarrolla y singulariza los principios constitucionales y
organiza su vida política en torno a instituciones de autogobierno, que
reproducen con bastante exactitud en el ámbito autonómico la estructura y
funcionamiento de sus homónimos estatales: un parlamento unicameral,
un gobierno y un tribunal superior de justicia. Se
regulan dos posibles vías de acceso a la autonomía: la rápida del artículo 151
y la lenta del 143. Para satisfacer a Cataluña, País Vasco y Galicia, al
referirse a ellas se empleó el término «nacionalidad», que la derecha
consideraba atentatorio contra la unidad nacional.
La delimitación de las competencias que corresponden
al Estado y las que corresponden a las comunidades autónomas es un asunto
complejo: se entiende que aquellas competencias que no se concretan en los
respectivos estatutos corresponden al Estado, aunque está previsto que poder central pueda delegar atribuciones a
las autonomías. En sentido inverso, “el
Estado podrá dictar leyes para armonizar
las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de
materias atribuidas a la competencia de
estas, cuando así lo exija el interés general”. Como es lógico, la existencia
de competencias de gobierno y administración supone la transferencia de
recursos financieros y atributos fiscales, siempre bajo la coordinación de la
hacienda estatal y atendiendo al principio de solidaridad.
El espíritu de consenso que presidió la redacción de
la Constitución permitió la aprobación del sistema autonómico, pero a costa de
definir poco el nuevo modelo y de remitir algunos problemas al proceso político
posterior. Esta ambigüedad ha
determinado que el desarrollo autonómico sea una cuestión abierta en lo que hace
referencia al techo competencias de las diferentes comunidades.
V.
Los gobiernos de la UCD
Aprobada la Constitución en
referéndum por el 87,79% de los votos emitidos, el presidente de Gobierno
anunciaba elecciones generales para marzo de 1979. Las elecciones generales
supusieron un gran triunfo para Suárez y la UCD y el afianzamiento del PSOE. El sistema de
partidos se completaba con el PCE, la nueva Coalición Democrática de Fraga y
los partidos regionalistas.
El nuevo gobierno de Adolfo Suárez y el intento de golpe
de Estado del 23-F. La configuración del Estado de
las autonomías va a recibir un notable impulso. Ya antes de las elecciones, en
septiembre de 1977, se había restablecido provisionalmente la Generalitat catalana y
al honorable Josep Tarradellas como presidente. En enero y marzo de 1978, se
instituyeron respectivamente el Consejo General del País Vasco y la Xunta de Galicia.
En el verano
de 1978, diez regiones estaban dotadas de regímenes preautonómicos. Sin
embargo, el intento de encauzar la organización territorial del estado no pudo
resultar más desafortunado. En febrero de 1980, al plantear el acceso de Andalucía
a la autonomía con un techo de competencias inferior al de las regiones
"históricas" (Cataluña, País Vasco y Galicia), se dio la sensación de
querer inferir a los andaluces un agravio comparativo. El referéndum que se
convocó concluyó con un desastre para el Gobierno, que debió cambiar su
política autonómica; sin embargo, no pudo evitar que desde ese momento el PSOE
adquiriera una clara superioridad en la región.
Los graves
problemas económicos, el paro y la escalada terrorista, que golpeaba duramente
al ejército y a la población (atentado en la cafetería California),
dificultaban gravemente la labor de gobierno. La moción de censura, presentada
en mayo por el PSOE, no fue ganada pero deterioró aun más la imagen de Suárez y
aumentó el prestigio de Felipe González. Además, empezaron a surgir
discrepancias en el seno de UCD. Algunos de sus dirigentes más importantes, los
barones, pusieron en entredicho el excesivo protagonismo de Adolfo Suárez y
su forma de conducir la política. Incluso, determinadas medidas legales, como la Ley de la Reforma Fiscal,
recibieron el rechazo de los liberales del partido. Ante la rebelión de los barones,
Adolfo Suárez recompuso el Gobierno, en el que dio entrada a alguno de ellos.
No obstante,
la crisis no fue solucionada. Desilusionado, Adolfo Suárez presentó la dimisión
como presidente y convocó el Congreso de Mallorca, en el que fue elegido
candidato a la presidencia, Leopoldo Calvo Sotelo.
El 23 de
febrero de 1981, en la sesión de investidura de Calvo Sotelo, el Teniente
Coronel Antonio Tejero irrumpió con cerca de cuatrocientos guardias civiles en
el Congreso y secuestró a cuantos allí se encontraban, Gobierno y diputados. La
intervención del rey y la falta de respaldo ahogaron el golpe. La reacción de
apoyo a la democracia fue unánime en la sociedad española.
El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y las elecciones de
1982. El 25 de febrero, Calvo Sotelo es elegido presidente
por mayoría absoluta y prosigue la labor legisladora: promulgación del Estatuto
de Autonomía de Galicia, la Ley
del Defensor del Pueblo, la Ley
del Divorcio, la Ley
Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). La
política exterior del Gobierno Calvo Sotelo significó un cierto cambio de rumbo
con respecto a la política neutralista mantenida por Suárez. La intención de
ingresar en la OTAN
tuvo lugar por un deseo de definir la política de defensa de España, hasta hora
subordinada a los pactos con los Estados Unidos. Esta pretensión produjo la
ruptura del consenso en política exterior. A pesar de todo, el Gobierno firmó
el protocolo de adhesión a la
OTAN el 9 de diciembre de 1981. En febrero de 1982 se juzgó a
32 personas por su participación en el golpe de Estado. Cuando las sentencias
del tribunal militar fueron conocidas, la opinión pública coincidió con el presidente del Gobierno considerándolas
insuficientes, por lo que la causa se trasladó al Tribunal Supremo que aumentó
las penas de manera considerable.
Si en los
aspectos señalados anteriormente Calvo Sotelo logró cumplir su programa, en otros
muchos fracasó, bien por la magnitud de la tarea o por la división del partido
que le apoyaba. El Gobierno se encontró con una situación muy difícil agravada
por la crisis económica y su propia fragilidad parlamentaria. Las elecciones
autonómicas gallegas (octubre de 1981) y andaluzas (mayo de 1982) revelaban el
declive cada vez mayor del centrismo. La
UCD se descomponía y Calvo Sotelo disolvió las Cortes y
convocó nuevas elecciones.
Las
elecciones de 1982 pueden considerarse como el final de la transición pues sus
resultados reflejaron un auténtico terremoto electoral que abrió una época
nueva destinada a durar mucho tiempo. El PSOE logró más de diez millones de
votos, de los que cuatro millones y medio procedían de la abstención o de otros
partidos políticos. Los socialistas consiguieron el 48% de los votos y 202
diputados, frente a los 105 de la derecha. Los resultados electorales también
supusieron el afianzamiento de la nueva Alianza Popular (105 diputados), la
debacle de la UCD
(12 diputados) y el fracaso del PCE (4 diputados); mientras, los partidos
nacionalistas moderados confirmaron su posición: CiU, 12 diputados y PNV, 8
diputados.
VI.
El Estado de las Autonomías
La
organización territorial del Estado español está diseñada en la Constitución de 1978
de una manera ambigua: puede evolucionar hacia un Estado federal, pero también
pueden modificarse las competencias transferidas por el Estado a los entes
territoriales o comunidades autónomas.
El nivel de
desarrollo autonómico queda sujeto, por tanto, a la capacidad de negociación de
cada comunidad autónoma y al equilibrio de fuerzas políticas de cada momento.
Esta circunstancia ha llevado a los movimientos nacionalistas y regionalistas a
buscar el apoyo electoral suficiente para exigir más competencias al Estado;
este, por su parte, se encuentra así en un proceso de construcción permanente.
En la actualidad, el Estado español es uno de los más descentralizados de
Europa.
El texto
constitucional establece dos vías para crear comunidades autónomas: La prevista
por el artículo 151, también llamada vía rápida, que permite el acceso directo
e inmediato al nivel máximo de competencias mediante la aprobación en
referéndum de un Estatuto de Autonomía y la establecida por el artículo 143,
conocida como vía lenta. El primer procedimiento se diseñó para las
nacionalidades históricas, aunque también fue empleado en Andalucía; el segundo
procedimiento fue el seguido por las demás comunidades autónomas.
Entre 1979 y
1983 se llevó a cabo el proceso de creación de las diecisiete comunidades
autónomas existentes.
País Vasco y Cataluña.- El 25 de octubre de 1979 se aprobaron en referéndum los primeros Estatutos
de Autonomía de Cataluña y el País Vasco. Las elecciones para constituir los
parlamentos autonómicos se celebraron en ambas comunidades en 1980; en ellas
ganaron partidos nacionalistas de derecha moderada. En el País Vasco, la
hegemonía política correspondió al PNV, que permitió a Carlos Garaikoetxea
convertirse en el primer lendakari de la Comunidad Autónoma;
sus sucesores, José Antonio Ardanza y Juan José lbarretxe (desde 1998) han
incrementado la demanda de mayor autogobierno.
En Cataluña,
el triunfador fue CiU, partido que llevó a la presidencia de la Generalitat de
Cataluña a Jordi Pujol. Cuando este abandonó el primer plano de la política
(2003), triunfó en Cataluña una coalición de izquierdas liderada por el PSC
(Partit deis Socialistas de Catalunya) dirigido por Pasqual Maragall, quien se
convirtió en president de Cataluña.
Galicia.- Fue la tercera región que se constituyó en Comunidad
Autónoma al aprobar su Estatuto de Autonomía mediante referéndum en diciembre
de 1980. Desde las primeras elecciones autonómicas (celebradas en 1981), los
gallegos se han decantado por la derecha, votando a AP y a UCD, primero, y al
Partido Popular (PP) heredero de ambas formaciones políticas, después.
Andalucía.- Intentó acogerse al artículo 151 de la Constitución para
crear su Comunidad Autónoma, pero al chocar con la oposición de la UCD (que quería aplicar esta
vía exclusivamente a las nacionalidades históricas) hubo que organizar un
referéndum en febrero de 1980 para
decidir si deseaban acceder a la autonomía plena mediante la vía rápida (que
resultó positivo) y otro más en octubre de 1981 para aprobar el proyecto de
Estatuto. Las primeras elecciones para elegir el Parlamento de Andalucía se
celebraron en 1982; en ellas, el PSOE ganó por amplia mayoría y desde entonces
y hasta la actualidad ha gobernado esta Comunidad Autónoma (con Manuel Chaves
desde 1990).
El resto de las comunidades autónomas, hasta un total de 17, celebraron sus
primeras elecciones autonómicas en mayo de 1983.
La mayor
parte de las autonomías han adquirido el máximo de competencias previstas, por
lo que se espera que en el futuro todas ellas terminen equiparándose e incluso
se acerquen al modelo del Estado federal. Todas las autonomías han optado por
el diseño institucional previsto en el artículo 152 de la Constitución: una Asamblea
legislativa, elegida por sufragio universal; un Consejo de
gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; un presidente,
elegido por la Asamblea
de entre sus miembros y nombrado por el rey, al que corresponde la dirección
del Consejo de gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y
la ordinaria del Estado en aquélla, un Tribunal Superior de Justicia,
sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará
la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma.
A estas
comunidades se añadieron en 1995 las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla;
ambas disponen de un Estatuto de Autonomía y de una Asamblea Parlamentaria,
aunque su nivel de autogobierno es menor que el de las comunidades.
VII. Los gobiernos del PSOE
La hegemonía del PSOE. El PSOE ganó cuatro elecciones generales consecutivas (1982, 1986,1989 y
1993), y su gobierno se prolongó hasta 1993. Al llegar al poder en 1982, el
PSOE se propuso realizar una política reformista en España con el objetivo de modernizar
el país. Las cuatros áreas de problemas en los que va a centrar su acción el
nuevo gobierno son: lucha contra la crisis económica y el paro, progreso hacia
una sociedad más libre e igualitaria, reforma progresiva de la administración
del estado, y presencia exterior de España.
La política económica del gobierno socialista.- Cuando los socialistas llegaron al poder se daban unas condiciones
económicas pésimas: el déficit alcanzaba el 5% del PNB y la inversión seguía
retrocediendo. El ajuste industrial y energético seguía pendiente y la reforma
fiscal y financiera se había detenido, mientras la reforma del mercado de
trabajo ni siquiera había comenzado. La política económica del gobierno
socialista, protagonizada por los ministros Boyer y Solchaga, se centró en los
siguientes sectores: el plan de empleo rural (PER) para aliviar la situación
del paro en el campo; la creación de zonas de urgente industrialización (ZUR);
el saneamiento financiero y la reconversión industrial; medidas
intervencionistas como la expropiación de Rumasa, la ley de reconversión
estatal y la venta de SEAT.
Esta
política encontró un rechazo frontal y creciente de las centrales sindicales,
pero mejoró las cifras macroeconómicas de inflación y déficit exterior. Sin
embargo, la tasa de paro no sólo no descendió sino que aumentó. Esta política
económica sentó las bases para el crecimiento económico posterior. Un efecto
muy positivo de la política económica socialista fue el incremento del gasto
social, en especial para la creación del Estado del bienestar (obligatoriedad
de la enseñanza hasta los 16 años, con la creación de un millón y medio de
puestos escolares y el incremento del número de becarios en medio millón; la
generalización de la sanidad pública al conjunto de la sociedad; la extensión
de la seguridad social hasta las pensiones no contributivas e incremento de la
cobertura por paro. El gran reto pendiente en este terreno del Estado del
bienestar siguió siendo la vivienda y el paro.
Otras reformas.- Junto al ajuste económico, el gobierno emprendió reformas
en diversos frentes: en educación (Ley de Reforma Universitaria; Ley Orgánica
de Derecho a la Educación;
Ley Orgánica General del Sistema Educativo). En el ámbito jurídico (el Código
Penal, que despenaliza el aborto en tres supuestos). En la organización militar
(plan de modernización y reducción de efectivos en la Ley de Plantillas; Ley de
criterios básicos de la defensa nacional).
La construcción del Estado de las Autonomías.- Coincidiendo con la llegada de los socialistas al poder, se produjo la
implantación definitiva del Estado de las Autonomías. Hasta 1981 tan sólo se
habían puesto en funcionamiento cinco Estatutos; en 1982-83 se aprobaron y
pusieron en marcha otros doce, pero hubo que esperar hasta los años noventa para
que el mapa autonómico se pudiera considerar concluido con la aprobación de los
Estatutos de Ceuta y Melilla.
El ingreso en la OTAN
y en la CEE.- La entrada de nuestro país en OTAN, la alianza militar a la que
pertenecían la mayoría de los países de Europa occidental (además de Estados
Unidos, Canadá y Turquía), fue objeto de una importante polémica en la opinión
pública española. Gran parte de esta, sobre todo la izquierda y, en especial,
el PSOE, era contraria a la participación española en alianzas internacionales
porque con ella se interrumpía la tradicional neutralidad de nuestro país en
política exterior. Cuando Felipe González llegó al poder, cambió de opinión y
tuvo que realizar un gran esfuerzo para convencer al partido de la conveniencia
de permanecer en la
OTAN. Finalmente, el Gobierno socialista convocó el
referéndum que había prometido, preguntando a los ciudadanos si votaban o no a
favor de la permanencia (y no de la salida) de España en la OTAN. La consulta popular
se celebró en marzo de 1986: un 52% de los votantes se pronunció a favor de la
permanencia y un 39% se manifestó contrario. El resultado de la votación fue
otro éxito personal de González. El ingreso de España en la OTAN se formalizó
en mayo de 1982.
El ingreso
de España en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) se hizo
efectivo a partir de 1985. En dicho año, España firmó en el Palacio de Oriente
de Madrid el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas. Se ponía así fin a
un largo periodo de espera que había comenzado con la solicitud de ingreso por
parte del Gobierno de Franco. España tuvo que aceptar unas condiciones que
parecieron, en general, excesivamente duras: la Comunidad exigió largos
"periodos transitorios" para los sectores españoles más competitivos,
o para aquellos temas en los que diferentes países miembros temían las malas
consecuencias del ingreso español. No obstante, el balance entre las ventajas y
los inconvenientes de nuestra permanencia en la Unión Europea ha sido positivo
para España. Hoy España está presente en todos los organismos europeos y, en
los años de pertenencia a las Comunidades, España ha apoyado y estimulado
sistemáticamente los importantes pasos dados en el proceso de formación de la
identidad política común europea: la aprobación del Acta única, en 1986, el
Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht), en 1993, y la ampliación
de la Unión.
El declive del PSOE. A partir de 1988, el impulso
reformista de la política del PSOE decayó y su política económica y social se
inclinó hacia la derecha. Dentro de las propias filas socialistas se produjo
cierto malestar. Además, en esta etapa empezaron a manifestarse algunos problemas.
El crecimiento económico que se vivió en España en la segunda mitad de los años
ochenta implicó el enriquecimiento rápido, a veces muy llamativo, de algunos
empresarios, banqueros y políticos que, generalmente, mantenían buenas
relaciones con el poder. La opinión pública interpretó que la tecnocracia y el
pragmatismo habían sustituido a los ideales de emancipación propios del
socialismo. Más tarde salieron a la luz casos de corrupción que afectaban
directamente a altos cargos de la Administración; estos hechos provocaron la
dimisión del vicepresidente Alfonso Guerra (1991).
El Gobierno
aplicó una política económica de tipo neoliberal y acabó con numerosas empresas
públicas (privatizando las que pertenecían al INI). Los sindicatos, que habían
aceptado el ajuste económico impuesto en los ochenta, reivindicaron medidas que
aumentaran el bienestar social y respetaran los derechos laborales. La UGT pasó
a criticar abiertamente la política del PSOE. La consecuencia más relevante de
este enfrentamiento fue la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que tuvo
un enorme éxito y obligó al Gobierno a rectificar en parte su política.
El
terrorismo de ETA persistió realizando atentados no solo contra representantes
del Estado (militares, policías, jueces y fiscales), como había hecho hasta
entonces, sino también contra etarras arrepentidos, políticos vascos no
nacionalistas, empresarios y ciudadanos en general. A finales de los años
ochenta aparecieron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que persiguieron
a los activistas de ETA. Se extendió la sospecha de connivencia del GAL con los
cuerpos policiales del Estado y con el propio Gobierno. Esta acusación y los
procesos judiciales contra altos cargos del Ministerio del Interior
repercutieron negativamente en la credibilidad del PSOE.
La economía
sufrió una recesión tras la celebración en 1992 de la Exposición Universal de
Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona; (en 1993 la tasa de desempleo
llegó a alcanzar un 24 %). Esta situación impidió que se utilizaran los
recursos públicos en políticas sociales, lo cual perjudicó a las medidas
previstas por el Gobierno, en especial en el ámbito educativo.
En la última
etapa de mandato socialista salieron a la luz pública nuevos escándalos de
corrupción y de abuso de poder. Aunque no todos afectaban al Gobierno, los más
llamativos estaban relacionados con altos cargos del partido o de la
Administración socialista. En la década de 1990, el PSOE fue acusado de
financiarse de manera ilegal; la opinión pública supo que el director general
de la Guardia Civil, Luis Roldán, así como otros altos cargos del Ministerio
del Interior, y el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, se habían
enriquecido aprovechándose de sus puestos de responsabilidad.
VIII. Los gobiernos del PP
El primer gobierno: 1996-2000. El declive de los gobiernos del PSOE se tradujo en su derrota electoral
en 1996; esta circunstancia permitió al Partido Popular (PP), liderado por José
María Aznar, acceder al poder. El triunfo se produjo por un estrecho margen, lo
que obligó a gobernar con el apoyo de otros grupos (especialmente CiU). En su
primera etapa en el poder, el PP desarrolló una política centrista y dialogante
con grupos políticos y sociales que hasta ese momento le eran hostiles: las minorías
nacionalistas (CiU y el PNV) y los sindicatos.
Las medidas
adoptadas confirmaron la validez de la derecha española como una alternativa
democrática. Así, facilitó la transferencia de competencias a favor de las
comunidades autónomas, silenció a los líderes antinacionalistas del PP (sobre
todo en Cataluña y el País Vasco), acordó algunas políticas con los sindicatos
(para reformar el mercado de trabajo respetando derechos laborales) y mantuvo
el poder adquisitivo de las pensiones y el equilibrio financiero de la
Seguridad Social (que peligraba con una población cada vez más envejecida).
Acabó incluso con el servicio militar obligatorio, iniciando el proceso
(concluido en el año 2002) para establecer un Ejército profesional.
España
cumplió las condiciones exigidas en el Tratado de Maastricht a costa de aplicar
severas medidas de austeridad y pudo entrar en la Unión Económica y
Monetaria europea adoptando, como la mayoría de los estados miembros de la UE, el euro, que se puso en
circulación en enero de 2002. Además, el índice de desempleo se redujo,
situándose en torno al 10%, y los tipos de interés, el déficit público y la
inflación descendieron (todos se mantuvieron alrededor del 5%). El índice de
crecimiento anual de la economía española fue, en general, superior al de los
países de nuestro entorno. El PP obtuvo unos avances significativos en la lucha
antiterrorista a través de la desarticulación de comandos terroristas y la
movilización social en el País Vasco y en el resto de España. La reacción de la
sociedad fue espectacular tras el asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco,
concejal del PP en Ermua (Vizcaya). Aunque ETA decretó una tregua (1998-1999),
posteriormente los atentados continuaron, combinados con violencia callejera,
preparados sobre todo para atemorizar a la opinión pública no nacionalista en
el País Vasco.
El segundo gobierno: 2000-2004. El resultado de estos logros fue la victoria del PP en las elecciones del
año 2000 por mayoría absoluta. El Gobierno, liberado de la necesidad de dialogar
con los nacionalistas, los sindicatos y otras fuerzas sociales, optó más por la
confrontación que por la negociación.
Así sucedió,
por ejemplo, con su política de recorte de derechos laborales: el Gobierno
intentó modificar el subsidio de desempleo y reformar o suprimir el subsidio
agrario de los trabajadores eventuales del campo (conocido como PER), relevante
sobre todo en Andalucía. Este intento encontró la oposición de UGT y CC 00, que
convocaron una huelga general (2002). A esta reacción sindical siguió la
sustitución del ministro de Trabajo y una rectificación de la reforma laboral.
Se produjo
un enfrentamiento entre el PP y diversas fuerzas políticas nacionalistas: el
PNV y el BNG (en Galicia). Con CiU el enfrentamiento fue menor debido a que
este grupo político necesitaba del respaldo del PP para seguir gobernando en
Cataluña.
La reforma
prevista en la enseñanza a través de la
Ley de Calidad de la Educación (diciembre de 2002) originó numerosas
protestas de docentes y alumnos que criticaron la escasez de recursos
presupuestarios, la ampliación de las ayudas a la enseñanza privada, la
reapertura del debate sobre la presencia de la religión en la enseñanza pública
y la supresión de la LOGSE.
Se produjo
un evidente alineamiento de España con la política del presidente de Estados
Unidos, George W. Bush. Desde la presidencia estadounidense, Bush acusó al
presidente de Irak, Sadam Hussein, de no colaborar con los proyectos de desarme
impulsados por la ONU
y de fomentar el terrorismo internacional. La postura del Gobierno español se
enfrentó con una enorme oposición popular y política que se reflejó en las
manifestaciones masivas (unos tres millones de personas solo en España y más de
treinta millones en todo el mundo) celebradas el 15 de febrero de 2003 contra
una previsible guerra en Irak. La protesta contra la guerra no pudo impedir
que, en marzo de 2003, una coalición militar formada por Estados Unidos y Gran
Bretaña (con un importante apoyo diplomático y un posterior respaldo militar de
España) invadiese Irak. Cuando el segundo mandato del PP llegaba a su fin, en
la mañana del 11 de marzo de 2004, España sufrió el mayor atentado terrorista
de su historia: varias bombas estallaron en trenes de cercanías en Madrid y
provocaron más de 190 muertos y miles de heridos. Pronto existieron indicios
que señalaban la autoría islamista del atentado, por lo que muchos ciudadanos
interpretaron que la acción terrorista era una respuesta al apoyo del PP a las
políticas de Bush (Guerra de Irak). El Gobierno presidido por Aznar mantuvo,
sin embargo, la tesis de que ETA había sido la autora del atentado. Este hecho
despertó la indignación de buena parte de la opinión pública ante lo que creían
una manipulación informativa gubernamental de cara a las elecciones generales
que habrían de celebrarse el 14 de marzo y en las que, contra la mayoría de los
pronósticos, resultó ganador el PSOE.
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