BLOQUE 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902)
PRESENTACIÓN BLOQUE 7
ESTÁNDARES DEL BLOQUE 7
Evolución del liberalismo español a lo largo del siglo XIX
APUNTES DEL BLOQUE 7
I.
El
sistema político.
II.
La
Constitución de 1876.
III.
Las
oposiciones al sistema: carlismo y republicanismo.
IV.
Los
inicios del movimiento obrero
V.
Las
guerras coloniales y la crisis de 1898.
Se
denomina ‘Restauración’ al periodo comprendido entre los años 1.875 y
1.931, estando vigente la Constitución
de 1876. Comienza con un pronunciamiento militar, el del General Martínez
Campos en Sagunto, lo cual no agradó al principal ideólogo del sistema, Antonio Cánovas el cual, a través del Manifiesto de Sandhurst, dado a firmar
al príncipe Alfonso de Borbón, pretendía un establecimiento del sistema por vía
sólo política. El periodo íntegro incluye dos reinados, el de Alfonso XII
(1875-85), y el de su hijo póstumo Alfonso XIII, dividiéndose éste en una regencia de María Cristina de Austria (1885-1902) y una mayoría de edad
(1902-1930). El presente tema se centra en el periodo que acaba con la
proclamación de mayoría de edad de Alfonso XIII.
I. EL SISTEMA POLÍTICO
El principal objetivo de Cánovas fue asegurar la
estabilidad política del país, y asentar firmemente la Monarquía como una
institución fuera de toda discusión, recuperando el prestigio perdido de la
institución durante el reinado de Isabel II. En esencia la monarquía alfonsina
se entendía oficialmente como:
Un
sistema de integración. Se trataba de crear un
sistema que fuera válido para los moderados, unionistas, progresistas y
demócratas, con la sola condición de que aceptaran la Monarquía y la
alternancia en el gobierno. Pero si debía integrar a todos, el ejercicio
efectivo del poder debía fundamentarse en un par de fuerzas que se
complementaran y equilibraran, de modo que a un partido conservador había que
sumar otro más liberal. El rey debía
servir de árbitro entre los partidos, decidiendo cuándo uno debía sustituir al
otro, valorando su grado de cohesión y el grado de exigencia del poder por
parte de la oposición.
Un
régimen civil. El Ejército debía volver a los
cuarteles y cumplir su misión constitucional.
La consecución de estos objetivos sacrificaba
cualquier veracidad del sistema electoral, que era puramente una imagen formal.
Los partidos dinásticos.
El Partido Liberal Conservador se organizó en
tomo a Cánovas, cuyo objetivo consistió en eliminar el papel
preponderante de los ultramoderados de su propio partido y en lograr que
surgiera una alternativa constitucionalista a su izquierda que pudiera ser
integrada en el seno de una misma Constitución. Además, Cánovas demostró tener otra virtud: su capacidad para ceder el
poder.
En 1880 se fundó el Partido Liberal Fusionista,
y aunque en principio manifestaron su preferencia por la constitución de 1869
pronto aceptarían la nueva constitución de 1876. Estaba dirigido por Sagasta que era muy habilidoso para concertar
coaliciones. Alfonso XII llamó al
Partido Liberal a formar gobierno en el año 1881, consciente de la necesidad de
integrar a los progresistas en su régimen.
Era la primera ocasión en la que un monarca de la dinastía de los
Borbones abría voluntariamente el camino a la izquierda. El ascenso al poder de
Sagasta y el Partido Liberal marcó el inicio de una alternancia que se
prolongaría durante varias décadas.
El caciquismo.
Con este
término no se indica otra cosa que la
falta de veracidad de los resultados electorales. Los caciques
eran individuos o familias que, por su poder económico o por influencias,
controlaban una determinada circunscripción electoral. Una buena parte de la
población estaba sometida a sus intereses, puesto que de ellos dependía el
tener o no trabajo, que se resolvieran o complicaran trámites administrativos
y, en definitiva, permitir o impedir una subsistencia aceptable. Por tanto, el fenómeno del caciquismo no se
limitaba a las elecciones, pues implicaba consecuencias cotidianas, favorables
para los afectos al cacique, su “clientela”, y negativas para sus
contrarios. En la práctica, los
electores sólo decidían voluntariamente en los grandes núcleos de población,
mientras que en los distritos rurales, o bien los notables eran quienes se
atribuían la determinación del voto del elector, o el gobierno, a través de las
autoridades administrativas o políticas, imponía unos resultados aceptables
para sus intereses.
Sin embargo, lo verdaderamente característico de la
Restauración no fue tanto el caciquismo como el encasillado, es decir, la manipulación de los resultados de tal
modo que, consiguiendo siempre la mayoría el gobierno, la oposición conservara
una cierta representación, incluida aquella que ni siquiera aceptaba la
Monarquía. Los pucherazos, o fraudes
electorales se gestaban desde las primeras fases del proceso: el censo
electoral se veía aumentado con la inscripción de un gran número de
difuntos o de desconocidos. El día de
las votaciones, algunos funcionarios subalternos se encargaban de votar en su
nombre en las distintas mesas electorales; por añadidura, en determinadas mesas
se añadían votos a manos llenas o se falsificaba el recuento. Esta última
práctica a menudo se volvía a repetir en las juntas electorales, encargadas de
hacer el recuento global.
El objetivo, que siempre se lograba, era que ganase
el partido dinástico de turno (de ahí la expresión el “turno de los partidos”),
aquel al que el rey había mandado previamente formar gobierno, ya fuera el
Conservador, ya el Liberal. El resto de las formaciones eran “toleradas”, y se
les permitía sacar una representación parlamentaria testimonial, que siempre se
obtenía en las zonas urbanas, más modernizadas socialmente, con más
implantación de ideologías alternativas y mucho más difíciles de manipular en
sus resultados electorales.
II. LA CONSTITUCIÓN DE 1876
En ella se articulaba un sistema político que, en
principio, permitiría el ejercicio del gobierno a todos los partidos que
aceptaran el sistema liberal y la Monarquía.
Por eso era un texto de contenido ecléctico, con el objeto de
permitir gobernar a todas las tendencias y de alejar el retraimiento
político y los pronunciamientos. En la práctica, sirvió de herramienta
perfecta para un sistema cerrado, viciado y monolítico que se limitaba a
repartir y alternar el poder exclusivamente entre dos partidos (en realidad
grupos de intereses) muy próximos ideológicamente, y dar una mera apariencia de
sistema constitucional.
1).- Su fundamento
ideológico, como en la Constitución de 1845, seguía siendo el del liberalismo doctrinario (soberanía
compartida): la potestad de hacer las leyes reside en “las Cortes con el Rey”.
2).- La declaración
de derechos y deberes es amplia, casi idéntica a la del 69. Pero, como en 1845, su concreción se remite a
las leyes ordinarias posteriores, y éstas, en su mayor parte, tendieron a
restringirlos mucho, especialmente los derechos de imprenta, expresión,
asociación y reunión.
3).- La Corona tiene
la potestad de sancionar las leyes, de vetar una ley durante una
legislatura y de disolver las Cámaras, en cuyo caso debe convocar nuevas
elecciones en un plazo máximo de tres meses. El poder ejecutivo lo ejerce la
Corona, nombrando Jefe de Gobierno y a través de los ministros, que responden
ante las Cámaras.
4).- Las Cortes son bicamerales:
Congreso y Senado. Este último compuesto por tres tipos de senadores: por
derecho propio, por designación real y elegido por las corporaciones y los mayores
contribuyentes.
5).- Ayuntamientos y
Diputaciones quedan bajo control gubernamental. Se remite su funcionamiento a
leyes orgánicas, unas leyes que posteriormente los desarrollarán en sentido
conservador y centralista.
6).- La cuestión
religiosa fue, una vez, más polémica. Se
reconocía la “libertad religiosa” y también se proclamaba la
confesionalidad católica del país y se garantizaba el sostenimiento del culto y
del clero católico por el Estado.
III. LAS OPOSICIONES AL SISTEMA: CARLISMO Y REPUBLICANISMO
CARLISMO. La tercera guerra
carlista se inició con el levantamiento armado de los partidarios de Carlos
VII (contra la Amadeo I y después contra Alfonso XII).
Los
principales escenarios de esta guerra fueron las zonas rurales del País Vasco,
Navarra y Cataluña, y con menor repercusión en zonas como Aragón, Valencia
y Castilla
aunque en conjunto este nuevo conflicto fue uno de los factores que más
desestabilizaron la monarquía constitucional de Amadeo I y la I
República. La guerra finalizó en 1876 con la conquista de Estella,
capital carlista, por tropas gubernamentales, y la huida a Francia
del pretendiente.
En
1879 Cándido Nocedal, como representante del pretendiente en España, reorganizó
el carlismo enfatizando su carácter de movimiento católico y apoyándose en una
red de periódicos afines muy agresivos, lo cual le enfrentó con sectores
carlistas que formaron la Unión Católica, grupo que acabó uniéndose con los
conservadores de Cánovas del Castillo.
Tras
la muerte de Nocedal el pretendiente Carlos VII asumió la dirección del partido
para evitar enfrentamientos. A partir de 1890 el marqués de Cerralbo estuvo al
frente del carlismo, reconstruyéndolo como un moderno partido de masas. Esta
formación conseguiría entre 2 y 10 diputados entre 1891 y 1903.
A
partir de 1893 Juan Vázquez de Mella se convierte en el líder
parlamentario En 1895, Sabino Arana y su hermano, evolucionan desde el
carlismo hasta el nacionalismo vasco, reclamando los fueros de los
territorios vascos, fundando el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
REPUBLICANISMO. El rasgo más característico del republicanismo fue su
atomización y la división interna en multitud de tendencias irreconciliables;
en realidad nunca había constituido un partido único, de ideología nítida y
táctica uniforme. Tenían varias
tendencias: posibilistas, federalistas, progresistas, centralistas… que en
ocasiones se coaligaban.
Ya no tenían el
respaldo de importantes sectores obreros, como había ocurrido en la etapa del
Sexenio, y que ahora se encuadraban claramente en el movimiento socialista o
anarquista. Tampoco tenían el apoyo mayoritario de las burguesías periféricas,
que ya estas no buscaban en el ideario republicano el respaldo a la
descentralización, sino en los nacientes partidos regionalistas y
nacionalistas. Sus bases sociales
siempre fueron predominantemente urbanas y pertenecientes a clases medias y
pequeña burguesía.
La fórmula más
original de republicanismo fue la del Partido
Radical de Alejandro
Lerroux. Otro movimiento de carácter
republicano fue el Partido Reformista
de Melquíades Álvarez, fundado
en 1912, que tuvo en sus filas a algunos de los más conocidos intelectuales
españoles de ese momento, como José Ortega y Gasset y Manuel Azaña. También, en 1898 se fundó Fusión Republicana, del escritor Vicente Blasco Ibáñez. Los diversos
partidos republicanos que se presentaron a los sucesivos comicios solían
obtener entre todos unos 25 escaños.
IV.
LOS INICIOS
DEL MOVIMIENTO OBRERO
En
el Sexenio Democrático (1868-74), la falta de auténticas reformas sociales hizo
que las asociaciones obreras se alejasen de la política oficial. En 1868 llega
a España Giuseppe Fanelli, amigo de Bakunin y representante de la tendencia
anarquista de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o 1ª
Internacional. En 1870, se celebra en Barcelona el I Congreso de la federación
Regional Española de la AIT en el que triunfaron las tesis bakuninistas.
En
1871, Paul Lafargue, yerno de Marx, y a la cabeza de la otra gran tendencia de
la Internacional, formó en España un pequeño grupo marxista llamado Nueva
Federación Madrileña, con el propósito de fundar un partido político específicamente
obrero. En 1879 Pablo Iglesias funda el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), de tendencia marxista, y en 1888 el sindicato Unión General de
Trabajadores (U.G.T.), ligado al partido.
En general, la fuerza del voto obrero y la
capacidad de presión de los movimientos obreros lograron desde 1900 el inicio
de una legislación social.
En Asturias, ya en esta misma década surgieron los
primeros grupos obreros organizados, que tuvieron una expresión anarco-colectivista en Gijón y La Felguera.
En 1890 tuvo lugar la primera huelga general, que reclamaba la jornada de 12
horas y el aumento de los salarios. El
socialismo irrumpió en Oviedo, Gijón y las cuencas mineras, a través del
periódico “El Socialista”, y la visita de Pablo Iglesias facilitó la difusión
del sindicato socialista UGT. En
1910, Manuel Llaneza fundó el SOMA (Sindicato de Obreros Mineros de
Asturias), que se integró en la UGT. En 1921 un sector de la afiliación del
PSOE, tras los conflictos internos derivados de la crisis del año 1917 y
liderados por Isidoro Acevedo,
fundaría el PCE (Partido Comunista
de España).
V. LAS GUERRAS COLONIALES Y LA CRISIS DE 1.898
Las
causas del malestar en Cuba eran el crecimiento del sentimiento nacionalista
entre la burguesía criolla y el malestar social existente entre los esclavos y
los trabajadores semilibres de las plantaciones, víctimas de frecuentes abusos.
Además, hay que contar con la actitud de los Estados Unidos (‘doctrina
Monroe’): la victoria nordista llevó al gobierno norteamericano a protestar por
el mantenimiento de la esclavitud en Cuba y crecía la idea imponerse a los
‘países decadentes’ en función de su superioridad moral y tecnológica. La
consecuencia fue un creciente apoyo diplomático y facilidades para la compra de
armamento a los rebeldes cubanos. En octubre de
1868 una junta revolucionaria, dirigida por Céspedes, se sublevó contra
el gobierno colonial (“Grito de
Yara”), dando lugar a la llamada “Guerra Larga” (1868-1878). La Paz de Zanjón puso fin a la
guerra: incluía promesas de reformas legales, se concedía una amplia amnistía,
se decretaba la libertad de los esclavos de origen asiático y se preveía la
concesión de un régimen de mayor autonomía.
En 1.892 se fundó el Partido Revolucionario Cubano
dirigido por José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo; las reformas
políticas prometidas no avanzaban y el arancel proteccionista de 1891 enconó
aún más los ánimos de la burguesía cubana. Una nueva guerra estalló en 1.895 (‘”Grito
de Baire”) ante los incumplimientos por parte de España. Cánovas envió a
Valeriano Weyler al tiempo que se incrementaba el contingente de las tropas españolas que
superaba los 200.000 soldados. La dureza de su actuación (las
“reconcentraciones”) fue aprovechada por la prensa norteamericana para crear un
clima favorable a la intervención norteamericana “en ayuda” del pueblo cubano.
La voladura
del crucero norteamericano ”Maine”
en el puerto de La Habana, atribuida por los estadounidenses al gobierno
español, aceleró el camino hacia la guerra. A petición del presidente McKinley,
las dos cámaras americanas lanzaron un ultimátum a España. La flota española
sería aplastada en las batallas de Cavite y Santiago de Cuba y
tropas norteamericanas desembarcan. Poco después se firmó el Tratado de París por el que España cedió
Filipinas, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos y concedió la independencia,
bajo tutela norteamericana, a Cuba. En 1899 España se vio obligada a vender a
Alemania los archipiélagos de las Marianas, Carolinas y Palaos.
Alrededor de 60.000 soldados españoles
perdieron la vida en este conflicto; la mayoría de ellos a causa de
enfermedades infecciosas. A ello se
añadía la desmoralización del país, consciente de su propia
debilidad. La crisis política resultó inevitable, y con ella el
desprestigio de los dos partidos dinásticos. A partir de ese momento los
partidos de la oposición cobrarían nueva fuerza: nacionalistas periféricos,
republicanos y socialistas. Pero quizás fue más grave el desprestigio
militar, derivado de la dureza de la derrota. Aunque, en último
extremo, la responsabilidad del fracaso era más política que militar, el
Ejército salía muy dañado en su imagen.
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